Una decena de supuestas víctimas de la Escuela de Yoga de Buenos Aires (EYBA), la organización cuyos principales referentes fueron enviados a juicio oral por trata y lavado de activos, rechazó esa condición y denunció a los fiscales que intervienen por supuesto abuso de autoridad en su contra.

Mediante un escrito de unas 30 páginas presentado ante el juez federal Ariel Lijo, las mujeres advirtieron: “Se nos ha dado en este proceso el rol de víctimas, un rol que no hemos solicitado, pero que se nos ha impuesto”.

“Exigimos sean respetados los derechos que el mismo Estado consagra para las víctimas, y que vienen siendo sistémicamente vulnerados en este proceso.  Aunque el Ministerio Público Fiscal pretenda llevarnos por delante y arrogarse el poder de ejercer nuestros derechos civiles, no lo permitiremos”, sostiene el documento.

Las mujeres, cuya identidad permanecerá en reserva en atención a su derecho a la privacidad en temas de esta naturaleza, subrayaron que no se asumen como víctimas de la EYBA pero sí del accionar del Poder Judicial.

“No actuamos como querellantes en este proceso, pero sí nos hemos constituido y hemos sido reconocidas como tales en el proceso que, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, llevamos adelante contra los titulares de la PROTEX (procuraduría contra la trata), Alejandra Mángano y Marcelo Colombo”, señalaron.

“También actuamos como querellantes en acciones promovidas por algunas de nosotras contra el denunciante Pablo Gastón Salum”, añadieron.

Salum es el impulsor de la causa, afirma que su hermana y su madre fueron “captadas” por la EYBA –a la que define como una secta-  y sostiene que se le impide el contacto con ellas.

Sin embargo, en el expediente la madre y la hermana de Salum desmintieron tales afirmaciones.

El grupo de mujeres presuntas víctimas refutó tal condición señalando que fueron sometidas a peritajes psicológicos con resultados que, según entienden, son concluyentes.

“Las pericias fueron categóricas, en unanimidad por 19 peritos del Estado, más cuatro peritos de parte, sin ninguna disidencia, en demostrar científicamente, lo que nosotras venimos afirmando desde el día 1: que NO somos víctimas, que NO fuimos explotadas, que NO somos vulnerables, que NO estamos coercionadas; que somos seres autónomos, libres, pensantes, que NO estamos condicionadas en forma alguna”, afirma el escrito.

“De estos 23 peritos, 19 son peritos del Estado. En cada pericia participaron y suscribieron el respectivo informe, sin ninguna disidencia, ocho profesionales expertos”, abundaron.

En ese contexto, acusaron a los fiscales Mángano, Colombo y Carlos Stornelli: “de forma fascista y autoritaria se creen superiores a los profesionales de la psicología y psiquiatría, tratándonos, no como seres humanos, sino como a un rebaño de ovejas”.

Las mujeres expresaron su “máximo repudio al accionar del Ministerio Publico Fiscal, que entregó a los medios de comunicación el requerimiento de elevación a juicio, exponiéndonos una vez más, sin el más mínimo respeto por nuestro derecho a la intimidad”.

Como consecuencia de ese supuesto accionar, una de las supuestas víctimas fue abordada por un periodista – notero en la entrada de su casa para una entrevista no pactada ni consentida, afirmaron.

“Hay una total falta de decencia en esta forma de proceder, se arrasa con nuestra dignidad como mujeres, como ciudadanas, como seres humanos. Esta entrega, repudiable por sí misma, la hizo el MPF más de 60 horas antes de que el documento estuviera a disposición de las partes”, insistieron.