La Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, (UFES), solicitó en las últimas horas la elevación a juicio de la causa en la que se investiga a cinco organizadores de una fiesta realizada en julio del año pasado en un resto bar de la ciudad de Córdoba, en medio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19.

Se trata del evento que se realizó en el local ubicado en Avenida José María Eguía Zanón al 9630 del Barrio Villa Warcalde, en la capital provincial, en el que participaron unas 300 personas.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, los imputados son los cuatro organizadores, que habitualmente se dedican a realizar espectáculos públicos, y un reconocido DJ.

Todos ellos fueron imputados por el delito de violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de epidemia (art. 205 CP), y se supo que el DJ cobraba por sus servicios un porcentaje de los ingresos percibidos por el pago de las entradas.

En el lugar se pudieron advertir diversas infracciones a las normas sanitarias: las mesas dispuestas para el público se encontraban ocupadas por más de ocho personas -las que permanecieron allí sin distanciamiento social- prescindiendo del uso de tapaboca, sin la debida provisión de alcohol en gel u otro sanitizante a su alcance para permitir la higienización regular de manos.

Además, se observó un flujo desordenando de circulación de personas debido a la ausencia de señalética en el lugar, lo cual desencadenó la aglomeración de las mismas y tampoco se restringió el acceso a las áreas de juegos del predio, lo que derivó en que los menores de edad hicieran uso de los mismos.

Todo eso estuvo en infracción, según se indicó, de las medidas sanitarias dispuestas por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 576/2020 del 29 de junio de 2020 y del decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 469/2020.

La investigación pudo determinar que los imputados planearon la realización del evento con antelación y sin la menor intención de acatar las disposiciones nacionales y provinciales dictadas por la autoridad sanitaria para evitar la propagación del virus, así como los protocolos del COE establecidos para regir la actividad que desarrollaban, priorizando de este modo el provecho económico que les significaría la realización del evento por sobre la salud pública.

Además de la causa judicial, las circunstancias mencionadas fueron puestas en conocimiento de las autoridades de la Inspección de Personas Jurídicas a los fines que evalúen la eventual pérdida de la personería jurídica de la sociedad como así también la disolución de la misma.