La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata comenzará a juzgar el próximo 25 de abril a los dos imputados por el homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, hermano del sindicalista y ex intendente de Quilmes Francisco “el Barba” Gutiérrez, ocurrido en 1994 como consecuencia de sus investigaciones sobre la denominada “aduana paralela” durante el gobierno de Carlos Menem.

La insólita extensión del caso, que llegará a la etapa de juicio (por segunda vez) casi 28 años después del hecho, tiene su explicación en las obstrucciones que padeció la investigación, con aprietes, amenazas y agresiones a testigos, que garantizaron hasta ahora la impunidad.

De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino en el caso, falló en 2013 y el Estado Argentino admitió su responsabilidad en la violación al derecho a la vida de Gutiérrez y a que su familia obtuviera la reparación judicial por el crimen.

“La Corte IDH ha considerado que las amenazas e intimidaciones sufridas por testigos en el proceso interno no pueden verse aisladamente, sino que se deben considerar en el marco de obstaculizaciones de la investigación del caso”, sostuvo el tribunal internacional.

Cuando el fallo ordenó medidas para realizar una investigación seria e independiente que permitiera hallar a los responsables y virtualmente despejó el camino para un nuevo juicio se sucedieron una serie de excusaciones de jueces, demoras en la defensa oficial de los imputados y, finalmente, la pandemia, que volvieron a estirar los tiempos hasta las casi tres décadas.

Gutiérrez fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando viajaba en un tren del Ferrocarril Roca a la altura de la estación Sarandí el 29 de agosto de 1994, y su cadáver fue hallado cuando la formación llegó a la cabecera, en La Plata.

La víctima había iniciado una investigación sobre el almacenamiento de mercaderías presuntamente ilegales en depósitos fiscales que proliferaron tras la desregulación del comercio exterior resuelta durante el gobierno de Menem (1989-1999).

Ante la incipiente impunidad, la familia de Gutiérrez acudió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompañó la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el juicio comparecerán como acusados el ex cabo de la Policía Federal Alejandro Daniel “Chiquito” Santillán y el ex policía bonaerense Francisco Severo “el Colorado” Mostajo, quien permaneció evadido de la Justicia durante la mayor parte del proceso.

Santillán ya fue juzgado y absuelto en 1996.

Según recordó la Corte IDH, “los días 11 y 12 de noviembre de 1996 se llevó a cabo la audiencia oral y pública en la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata. El 15 de noviembre de ese mismo año, la Sala emitió sentencia absolviendo al imputado, pues las pruebas presentadas no superaban la duda razonable”.

Pero la investigación demostró que varios testigos que declararon de manera tal que sembraron la “duda razonable” habían sufrido intimidaciones y aún hoy continúan bajo una situación de vulnerabilidad.

El primer investigador policial del caso, el comisario Jorge Piazza, murió asesinado en un confuso episodio caratulado oficialmente como homicidio en ocasión de robo.

El juicio que comenzará el 25 de abril se celebrará bajo las previsiones del antiguo Código Procesal Penal que regía en 1994, cuando aún no se habían implementado los tribunales orales. Las audiencias están previstas en principio hasta el 13 de mayo y desfilarán unos 70 testigos ante los jueces Miriam Patricia Ermili, Laura Irma Lasaga Y Juan Alberto Benavides, y el fiscal Martín Chiorazzi.

La representación legal de la familia de la víctima, a pesar del tiempo transcurrido, “confía en que en esta oportunidad y tras años de lucha inclaudicable en memoria de Jorge, el Tribunal haga justicia, porque de lo contrario será impunidad”.