Los alegatos de la fiscalía por el crimen del joven Lucas González se darán a conocer el próximo 22 de junio. Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 y ese día la Fiscalía General Nº18, a cargo del fiscal Guillermo Pérez de la Fuente y con la colaboración del auxiliar fiscal Francisco Brom, alegarán en el caso.

Durante la audiencia realizada este jueves, la querella que representa a la familia del adolescente de 17 años que fue asesinado en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, consideró que se había comprobado que el oficial Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el inspector Gabriel Alejandro Issasi, integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad, persiguieron y dispararon contra el auto donde iban Lucas y sus tres amigos Julián Alejandro Salas, Niven Huanca Garnica y Joaquín Zúñiga Gómez.

Los tres policías llegaron a debate acusados por el delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”; por tres hechos de tentativas de homicidio con idénticos agravantes; por “falsedad ideológica” y por “privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.

Antes de la exposición de Gregorio Dalbón, abogado de la querella, dos de los policías acusados por el encubrimiento de los hechos decidieron declarar en indagatoria, se trata del comisario Rodolfo Alejandro Ozan, a cargo de la Comisaría Comunal 4 A, quien explicó lo que quiso decir en un audio que consta en la causa y donde habla de un “mocazo”.

“Un tiro de atrás hay que explicarlo, los disparos son en huida, en el audio digo cosas porque es mi forma de hablar, es jerga policial”, indicó. En ese mismo audio, el comisario sostiene que “le volaron el frasco” a la víctima.

Luego, declaró el subcomisario Roberto Inca, de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4, que discutió lo que el principal Héctor Cuevas, integrante de la Comisaría Vecinal 4D, había declarado en indagatoria hace dos jornadas atrás, cuando aseguró haber visto quien “le había plantado” un arma de juguete al auto en el que iban las víctimas. "Cuevas inventó esta falsedad porque no quiere asumir la responsabilidad que le corresponde”, afirmó Inca.

También están siendo juzgados el comisario inspector Daniel Alberto Santana, jefe de la comuna 4 de la Policía de la Ciudad; el comisario Fabián Alberto Du Santos; el subcomisario Ramón Jesús Chocobar; los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos integrantes de la Comisaría Vecinal 4D, y el comisario Juan Romero.

A todos ellos se los procesó en la causa por haber alterado "los rastros y pruebas del delito” que habrían cometido los policías que dispararon contra Lucas y sus amigos, y por intentar fraguar el operativo para aparentar que se había tratado de un “enfrentamiento armado”.

Una vez finalizadas las indagatorias, el representante de las víctimas y sus familias anticipó que acusará a todos los implicados y consideró que habían quedado probados tanto el homicidio como las tentativas y el encubrimiento. “Los eligieron, los persiguieron sin bocina, sin baliza y sin dar voz de alto”, afirmó con respecto a la secuencia donde los imputados bajaron del auto y dispararon contra los cuatro adolescentes.

Y destacó los testimonios que dieron varias médicas y también el peritaje accidentológico y balístico; también sostuvo que había quedado confirmado que existieron maniobras para proteger a los tres policías y encubrir lo que había sucedido.

El letrado le solicitó a los jueces Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero y a la jueza Ana Dieta de Herrero que tanto Lucas como sus amigos y sus padres sean considerados como “víctimas de violencia institucional”.

La exposición de la querella continuará el próximo martes 13 de junio con las calificaciones legales para los delitos y el pedido de penas.

En medio de la lectura de los alegatos de la querella, uno de los abogados que integra el grupo de defensores de los tres policías acusados, Martín Sarubbi se retiró del Tribunal bajo la expresión: "Detenganme con la Policía, pero me tengo que ir, me esperan mis hijas".

Esto provocó que los jueces del Tribunal hayan impuesto un cuarto intermedio hasta el próximo martes y de esta manera Dalbón no pudo terminar su alegato.