La Cámara de Casación confirmó las penas de prisión perpetua contra los cuatro policías acusados del crimen de Luis Armando Espinoza, el peón rural que recibió un tiro en la espalda durante un procedimiento policial irregular durante la cuarentena de Covid-19 en Tucumán.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas máximas contra los agentes José Alberto Morales, Héctor Rubén Montenegro, Gerardo Esteban González Rojas y Claudio Alfredo Zelaya.

El crimen de Espinoza ocurrió el 15 de mayo de 2020, momento en el que se encontraba vigente el ASPO dispuesto por el Gobierno Nacional por la pandemia del virus COVID-19.

En medio de la medida, policías de la comisaría de Monteagudo, zona rural de la provincia de Tucumán, acudieron a la localidad de Melcho para, supuestamente, dispersar una carrera “cuadrera” de caballos, cuya existencia no pudo comprobarse.

“De acuerdo con la fiscalía, el operativo estuvo caracterizado por irregularidades, con participación de agentes vestidos de civil, en autos particulares y armados”, detallaron durante el juicio.

El debate fue realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán el 24 de octubre de 2022 y en la acusación se sostuvo que “los efectivos ingresaron al pueblo haciendo disparos y, luego de una serie de persecuciones, al menos cuatro de ellos efectuaron disparos letales”.

En este escenario, una de las balas ingresó por la espalda de Espinoza y le quitó la vida: “Su cuerpo apareció siete días después en la zona conocida como Banderita, en la provincia de Catamarca, a metros del límite con Tucumán, en un barranco donde había sido arrojado por los cuatro acusados principales”.

En la reconstrucción de los hechos se detalló que también “se produjo la privación ilegítima de la libertad al hermano de la víctima, Juan Antonio Espinoza, agravada por haber sido llevada a cabo por los mismos policías sin fundamento alguno, violentamente, con vejaciones y en abuso de sus funciones”.

Por último, acusaron a los policías de llevar a cabo una serie de acciones y omisiones con el objetivo de borrar las huellas y rastros de sus delitos.

El juicio culminó el 28 de marzo de 2023 con nueve condenas. Del total, cuatro policías recibieron la pena máxima.

José Alberto Morales fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado autor penalmente responsable de homicidio agravado por haber sido cometido abusando de sus funciones como policía. Por el mismo delito sus colegas Héctor Rubén Montenegro, Gerardo Esteban González Rojas y Claudio Alfredo Zelaya fueron condenados a la misma pena en carácter de partícipes necesarios.

Todos fueron además sentenciados como coautores del delito de privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida en abuso de sus funciones, sin las formalidades prescriptas por la ley y con vejaciones, en concurso real.