| Última actualización:22 de Agosto de 2022 - 11:34

Causa Beara: la fiscalía apeló los sobreseimientos de funcionarios del gobierno de la Ciudad

Los padres de una de las dos víctimas mortales enviaron una carta al tribunal en la víspera anunciando que desistían de la apelación, resignados ante lo que consideran una tremenda injusticia.

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El frente del boliche donde ocurrió el siniestro. El frente del boliche donde ocurrió el siniestro. Foto: NA - Redes sociales

El fiscal Oscar Ciruzzi sí apeló la absolución de los funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires absueltos por la tragedia del boliche Beara, el derrumbe de un entrepiso que causó la muerte de dos jóvenes y heridas a otras 50.

Ciruzzi pidió que “se dicte nueva resolución ajustada a derecho y se condene” a los funcionarios Isaac Rasdolsky, Norberto Cassano, Pablo Damián Saikauskas y Martín Diego Farrell.

Martín Farrell fue director General de Habilitaciones y Permisos; Pablo Saikauskas, director de Habilitaciones Especiales; Norberto Cassano, jefe del Departamento de Esparcimiento e Isaac Rasdolsky, responsable de Verificaciones y Habilitaciones.

“El incumplimiento de cada uno de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad en el ejercicio de sus funciones, las inobservancias en sus deberes de cuidado generaron que el local Beara, el día10 de septiembre de 2010 por la madrugada se encontraba funcionando como un establecimiento en el cual se llevaba a cabo un evento privado, con una estructura edilicia extremadamente peligrosa para la vida de las personas”, sostuvo el fiscal.

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En un escrito de 111 páginas, les atribuyó a los funcionarios responsabilidad en el derrumbe parcial que “generó el fallecimiento de dos jóvenes y las lesiones leves y graves de un gran número de concurrentes”.

Ciruzzi consideró que todos deben ser condenados “a la pena de tres años de prisión -cuyo cumplimiento podía dejarse en suspenso- y diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública”.

“Entiendo que sólo a partir de un análisis prejuicioso y arbitrario de los elementos de prueba producidos en el debate es que se puede arribar a un veredicto absolutorio”, evaluó el representante del Ministerio Público.

“La necesidad de la condena se advierte de la valoración interrelacionada de los elementos de prueba y normativa aplicable en cada caso, y ello permite despejar toda duda razonable”, añadió.

Según el dictamen, todos deben ser responsabilizados “por el delito de homicidio culposo agravado por el número de víctimas en concurso ideal con lesiones culposas leves y graves”.

“En esta caso se rompió el equilibrio, hubo un conjunto de cosas que se hicieron mal y encima no hubo control. Todo el equilibrio se rompió”, subrayó.

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Ciruzzi postuló que sea directamente la Cámara Nacional de Casación, el máximo tribunal penal local, el que aplique las condenas puesto que “el reenvío para la realización de un nuevo juicio generaría la necesidad de realizarlo de forma parcial pero en contexto de la globalidad de una causa extremadamente compleja como ha sido la presente”.

En la víspera, los padres de una de las jóvenes muertas en el local, Ariana Lizarraga, le enviaron una carta al tribunal oral que sólo condenó a los empresarios que explotaban el lugar, anunciándole que no recurrirían la decisión.

“Hemos tomado la irrevocable decisión de no recurrir ante el tribunal de Casación la sentencia que consagró la impunidad de los funcionarios públicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómplices y máximos responsables de la muerte de nuestra hija y de su mejor amiga”, expresaron Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro.

Escrito por
NA - Buenos Aires, Argentina