Arranca el juicio contra un ex fiscal, abogados, gendarmes y otros acusados por trata de personas en Corrientes
Se los juzgará por la explotación sexual de 38 mujeres, una de ellas menor de edad, en al menos tres prostíbulos. En el caso, una jueza que se metió con el poder sufrió gravísimas consecuencias.
El ex fiscal federal de Paso de Los Libres Benito Pont, el ex Comandante de Gendarmería José María Viero y abogados, en un total de 17 personas, serán juzgadas a partir del 10 de mayo próximo como acusados de integrar una banda que en esa Ciudad de Corrientes se dedicó a la trata de personas con fines de explotación sexual.
Según se estima, la organización compuesta también por aduaneros será juzgada por un Tribunal Oral Federal de Corrientes en donde se va a ventilar el caso que tuvo como víctimas a 38 mujeres, algunas de ellas menores de edad.
De acuerdo a la investigación, la explotación sexual era en los locales “Roxi” o “Puro Movimiento” y “Hotel Momentos”, ubicados en la Ruta 117, en Paso de Los Libres. Sin embargo, las redes de esa organización de trata de personas que también se especula cuyas ramificaciones se extendieron a la Ciudad de Buenos Aires y Rosario, funcionó entre 2010 y 2016.
La acusación concreta sobre el fiscal no sólo es por brindar protección a las bandas de trata, ya sea retrasando el avance de las causas y desviar el objeto de las investigaciones. El entonces comandante mayor Viero es su cuñado.
“Este expediente concentra una muestra del funcionamiento prostibulario en la localidad de Paso de los Libres, sobre las formas de reclutamiento de mujeres, controles, multas y descuentos por parte de los proxenetas, participación de funcionarios judiciales, abogados de la matrícula y de las fuerzas de seguridad para la continuidad de un comercio ilegal como el de la explotación sexual y controles municipales laxos o inexistentes, mujeres extranjeras y provenientes de otras ciudades y provincias de nuestro país, pero todas ellas en una situación de necesidad económica impostergable, continua rotación y recambio de las mujeres explotadas en cada uno de estos lugares y un considerable rédito económico percibido por los imputados a costas de la prostitución ajena”, según la acusación fiscal.
Benito Pont renunció en 2016 al ser aceptada la misma por la entonces Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó y debido al avance de la investigación en su contra que lo tiene como sospechoso junto a otras personas por trata con fines de explotación sexual.
Las investigaciones a partir de las denuncias de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) tuvieron un fuerte impulso con la llegada de la jueza Cristina Pozzer Penzo, al juzgado federal de Paso de Los Libres. Ella fue quien dispuso el pase a juicio de los acusados, entre ellos del ex fiscal federal.
Luego de su intervención en esas causas sensibles, la jueza Pozzer Penzo sufrió todo tipo de consecuencias como ser denuncias por supuesto maltrato en su contra hechas por empleados a cargo. También ataques por parte del sindicato judicial. Finalmente, fue cesada en su subrogancia en el juzgado federal de Paso de Los Libres y hoy en día está a cargo del juzgado federal de Goya, también en Corrientes.
La jueza Pozzer Penzo hoy en día se moviliza y vive con custodia por temor a represalias luego de investigar a las mafias de trata.