Una adolescente que desapareció en Santa Cruz hace más de un mes, es intensamente buscada y la provincia ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por la recolección de datos sobre su paradero y el del padrastro.

Se trata de Nayelly García Servin de 15 años y de Juan Ignacio Esteban Apaza de 32, que fueron vistos por última vez el 23 de octubre. Tras cumplirse un mes, el Gobierno otorgará una recompensa a aquellas personas que brinden datos útiles sobre el paradero de ambos, donde su último rastro fue  a bordo de una camioneta, en la mencionada provincia.

En la Resolución 1262/2024 publicada en el Boletín Oficial, se estableció como recompensa “la suma de cinco millones de pesos destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de Juan Ignacio Esteban APAZA y que otorguen datos de la niña”.

En este sentido, el texto ordenó “la difusión de la parte dispositiva y los afiches de la presente en medios de comunicación escritos, radiales o televisivos de circulación nacional”, ordenando a la Dirección de Comunicación institucional del Ministerio a avanzar con los afiches. 

A su vez, se sumó a las Fuerzas Federales de Seguridad “para que procedan a la difusión y publicación, en todas sus formas, de los afiches que obran como correspondientes a las recompensas ofrecidas”.

La resolución confirmó, además, que la adolescente “sería víctima de un delito contra la integridad sexual”, y que Apaza se encuentra imputado por la presunta de este ilícito y “posee las siguientes características físicas: estatura de 1,68 metros de altura aproximadamente, contextura robusta, pelo negro corto, tez trigueña, ojos marrones y sin tatuaje, sobre quien pesa pedido de captura desde el 28 de octubre de 2024″. A través de la notificación del Juzgado interviniente, se ratificó la alerta roja ordenada a INTERPOL.

Por otro lado, según mencionaron algunas fuentes locales, el vehículo en el que viajaban, una camioneta Ford EcoSport, fue hallado abandonado a mediados de noviembre, cerca de la frontera con Bolivia.

Por último, el caso se encuentra bajo la investigación del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº 1 de la localidad de Pico Truncado, a cargo del Doctor Leonardo Pablo Cimini, y de la Secretaría de Instrucción Nº 2, a cargo de la Doctora Valeria Almonacid, quienes solicitaron a la cartera de seguridad que dirige Patricia Bullrich, emitir tal resolución.