La Cámara Federal de Casación rechazó la exención de prisión de un abogado que declaró como testigo protegido en el juicio por encubrimiento por el atentado contra la AMIA y hoy es buscado como integrante de una asociación ilícita presuntamente liderada por el fiscal de San Isidro Claudio Scapolán. 

Se trata de Gustavo Semorile, quien aparece investigado por las actividades ilegales que se le imputan a Scapolán y a alguno de sus colaboradores con el secuestro y posterior venta, ambos en condiciones de ilegalidad, de cargamentos de drogas.

Sobre Semorile pesa una orden de detención firmada por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y actualmente se encuentra en situación de prófugo. Para “ponerse a derecho”, su defensa planteó una “exención de prisión” que fracasó en todas las instancias y que ahora pretendía llevar hasta la Corte Suprema.

Pero la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky, consideró que “se han brindado fundamentos, que pueden no ser compartidos, pero que resultan suficientes para sostener que en el caso ha sido garantizado el derecho al recurso cuya supuesta violación plantea la defensa como una cuestión federal que pretende llevar a los estrados de la Corte Suprema”.

Semorile está acusado de formar parte de una organización enquistada en el Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro, que desempeñaba actividades de extorsión contra narcotraficantes. Concretamente, la sospecha es que la organización vendía estupefacientes detectados en procedimientos que terminaban fraguados en cuanto al decomiso.

En la Causa AMIA, Semorile -quien fue defensor del desarmador de autos Carlos Telleldín- declaró en el primer juicio. Describió supuestos vínculos de oficiales de la Policía Bonaerense y la negociación para que el principal imputado y dos veces absuelto los incriminara con la perpetración del ataque antijudío.

Al rechazar la exención de prisión, el voto mayoritario de la Casación consideró que “la defensa ha basado su impugnación en meros juicios discrepantes con el criterio adoptado, lo que no implicó de suyo en el sub lite acreditar relación directa e inmediata entre la materia del pleito y la cuestión federal invocada”. La tercera integrante de la Sala, Ángela Ledesma, votó en minoría por habilitar la revisión del planteo por ante la Corte Suprema.