Por Ricardo Lilloy (*)

La contención de la curva de contagios en el país y las relativamente bajas cifras de mortalidad por COVID-19 son un logro sanitario de las autoridades y de la mayoría de los argentinos que respetaron el aislamiento y las demás medidas de prevención.

Estas políticas fueron acompañadas y sostenidas por todo el sistema sanitario, tanto público como privado y de la Seguridad Social.

Sin dilaciones se prepararon para dar respuesta a las necesidades actuales y a los potenciales requerimientos en caso de alcanzar el pico de la curva.

Concretaron compras extraordinarias de insumos de bioseguridad y respiradores, diseñaron la rediagramación de servicios y personal, generaron de protocolos y concretaron la reconversión de sistemas para la teleasistencia, entre otras medidas.

El Estado recomendó bloquear camas en la mayoría de los hospitales y clínicas para asistir a los pacientes COVID-19, por lo que, inmediatamente se cancelaron los turnos de las cirugías programadas y se suspendieron las consultas, salvo la atención de urgencias.

En este esquema, los gastos corrientes y extraordinarios siguieron creciendo; los ingresos se paralizaron.

Así, el éxito sanitario de estas certeras políticas impactó duramente en la ya vulnerable economía del sistema de salud argentino y, a pesar de algunas medidas de buena voluntad por parte del Gobierno, como el pago de una parte de los sueldos en algunos casos, postergación del pago de contribuciones, el ofrecimiento de adelantos a la Seguridad Social por futuros recuperos en prestaciones o aportes, la inflación, el costo de los insumos y, ahora, la falta de actividad (e ingresos) por el aislamiento, están minando la supervivencia de muchos prestadores, algunos de los cuales también están debiendo cerrar sus puertas por tener a su propio personal en cuarentena por contagios.

A la vez, también los financiadores están arrinconados por la crisis. Muchas obras sociales perderán en los próximos meses sus aportes y a las prepagas se les hará muy dificultoso retener a sus asociados.

Será complicado, en este escenario, reconstruir un sistema que sufre un proceso de deterioro desde hace muchos años, y que hoy está tocando fondo.

Se necesitará despojarse de ideologías que sólo fogonean discusiones bizantinas y profundizan la crisis en el país. Las amenazas de estatización y expropiación sólo generan más desaliento en quienes vienen poniendo el hombro al Ministerio de Salud y al país todo.

El sistema sanitario no es de derecha ni de izquierda; se sostiene tanto en los financiadores y prestadores públicos como en los privados. Juntos componen un sistema que fue hasta no hace mucho un ejemplo mundial de cobertura sanitaria y que todavía, incluso en su peor momento, continúa dando respuesta en la más importante emergencia que recuerde la humanidad en tiempos modernos.

Hoy ya nadie discute que la salud debe estar primera en la agenda de Gobierno.

Juntos, todos los sectores, deberemos pensar y consensuar las medidas que permitan, sin extremismos y sin posturas violentas, recomponer el sistema de salud para enfrentar la evolución de esta pandemia, sus consecuencias económicas, y estar preparados para los desafíos sanitarios que vendrán.

(*) - Presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA) e integrante de la la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS).