El juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola, pidió el apartamiento del fiscal Federico Delgado de la causa en la que es investigado por haber viajado en octubre del año pasado al Lago Escondido con otros magistrados y funcionarios porteños presuntamente invitado por un grupo empresario.

Yadarola sostuvo que Delgado, el fiscal que impulsó la investigación por el viaje, se hizo eco de una ampliación de denuncia del ministro de Justicia, Martín Soria, a la que calificó de “disparatada”.

Además, cuestionó que Delgado sugiriera el apartamiento del juez que entiende en la causa, Sebastián Ramos, por la filtración de chats de los que parece surgir su amistad con otro de los imputados por el viaje, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.

Según Yadarola, el fiscal propuso la excusación del juez Ramos “aludiendo al debido proceso, la imparcialidad, criterios de justicia, Aristóteles, y otras lindas proclamas”.

Sin embargo, refutó: “Si Aristóteles supiera que lo citan para fundar una acusación penal con fuente exclusiva en prueba falsa, se iría de Atenas”.

El juez Ramos rechazó en primera instancia la recusación, pero Yadarola apeló y la resolución final está en manos de la Cámara Federal porteña.

Según Yadarola, la actuación del fiscal Delgado “es por lo menos una vergüenza”, puesto que “promovió acusación penal sobre la base de prueba obtenida ilegalmente, lo cual viola todos los principios posibles de actuación del Ministerio Público Fiscal, en especial, el de objetividad”.

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Delgado reconoció que la filtración de los chats sobre el viaje de jueces y funcionarios porteños al Lago Escondido podría no ser válida como prueba en una causa judicial, pero advirtió que, más allá de eso, los diálogos entre los imputados existen en “la vida real”.

Yadarola respondió que “el Fiscal calificó los hechos como ‘corrupción’, cuando, en virtud de la función desempeñada, debería abstenerse de abrir la boca en la prensa e investigar objetivamente los hechos, que no tienen nada de corrupción”.

“Más allá del auténtico papelón que ello comporta, en lo que aquí interesa, su actuación evidencia que no tiene ningún tipo de objetividad”, resumió el juez en lo Penal Económico.

“No es justo que mi trabajo, mi reputación, y mi libertad dependa de un funcionario que ha realizado los actos aquí expuestos en detalle”, resumió el recusante.