Una investigación sobre juego clandestino de Santa Fe se trabó porque los fueros no permiten imputar a senadores
El fiscal a cargo de la causa, Luis Schiappa Pietra, explicó los motivos del estancamiento de la casusa llamada “mani putite” en Santa Fe y que pedirán la inconstitucionalidad de la norma que permite imputar a un miembro del Senado.
“La investigación ya tiene una serie de personas imputadas por su relación con el juego clandestino, entre ellos dos fiscales, un empleado y el empresario que gerenciaba el negocio”, explicó Luis Schiappa Pietra para describir la escandalosa causa que tiene en la mira a muchos poderosos de Santa Fe.
Schiappa PIetta se refiere a Patricio Serjal, fiscal Regional de Rosario y su segundo Gustavo Ponce Asahad, quienes ya fueron destituidos de sus cargos y actualmente se encuentran presos; un empleado de la Fiscalía, Nelson Ugolini; y Leonardo Peiti. Tras cuatro meses privado de la libertad, Ponce Asahad pidió ampliar su declaración y acusó al senador justicialista Armando Traferri de ser el nexo de Peiti con la Fiscalía, lo que abrió la pesquisa a una pata política. Traterri también fue vinculado a una causa de narcotráfico relacionada con la banda de Los Monos.
Sin embargo, Schiappa Pietra se encontró con un escollo judicial que trabó la investigación y salvo que se logren que se declare inconstitucional el artículo del Código Procesal de Santa Fe, que impide que un senador sea imputado mientras goce de sus fueros.
“La investigación por el juego clandestino se inicia en Melincué y luego se abren diferentes causas en Rosario, Rafaela y otras localidades, donde había actividades ilícitas que tenían en común a Peiti. Pero nosotros empezamos a investigar otra cosa, el asesinato de un hombre en el casino City Center, a partir allí comenzaron a aparecer los vínculos que ligan a las bandas de sicarios con las actividades de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el juego o la venta de drogas”, explicó Schiappa Pietta al sitio Data Clave.
Para el fiscal, las pruebas contra el senador Armando Traferri son contundentes: “Hay muchas comunicaciones telefónicas. En una de ellas, “Leonardo” habla con su mujer y se refiere a lo que le “tiene que llevar al Senador”, previo paso por una financiera. Hay otra escucha con el secretario legislativo –de apellido Paulichenko- donde le dice que no se olvide de “traer la plata”, afirmó Schiappa Pietta al mismo medio.
“Justamente ahora estamos investigando su estructura de negocios, que nos permite comprender cómo operaba este empresario, entremezclando actividades lícitas con ilícitas. Tiene, por ejemplo, máquinas de entretenimiento en diferentes casinos, pero también se superponen con otros negocios. Pero también aparecen las actividades del Popi Larrauri (ex piloto de Fórmula 1 recientemente detenido) que podría ser un posible testaferro de Peiti a través de cuyos emprendimientos se canalizaban dineros de origen poco claro”, agregó el fiscal.
El fiscal está convencido de que la actuación del senador Traferri fue clave en esta asociación ilícita. “imagínese que no nos íbamos a meter con un hombre tan importante de la política sin tener las pruebas suficientes como para avalar nuestra hipótesis criminal. De hecho hay más contradicciones que avalan la acusación. Cuando sale esto a la luz, Traferri admite haber conocido a Peiti allá por 2019, cuando posteriormente quedó más que demostrado en las escuchas que se conocían desde mucho tiempo antes”, argumentó Schiappa Pietta.
Cuando quisieron accionar contra el senador se encontraron con que no se lo podía ni siquiera imputar por sus fueros. “A diferencia de lo que pasa en otros lugares de la Argentina, por el código procesal penal santafesino acá no podemos formularle una imputación si no hay desafuero. Por eso primero lo citamos, le dijimos que queríamos imputarlo y que, si él renunciaba a sus fueros, nosotros íbamos a entender su buena voluntad para permitir que la investigación esclarezca el caso. Como no quiso, pedimos a la Cámara el desafuero. Por eso fuimos al Senado para explicar por qué queríamos desaforarlo, en una sesión que fue vergonzosa porque no permitieron el acceso a periodistas y pretendieron dejar todo en una omertá peligrosa para las instituciones. No nos aceptaron el desafuero”, relató el funcionario judicial.
El diputado provincial Carlos Del Frade también vinculó a los círculos del poder con la causa del juego clandestino. “El senador manejaba todo lo que ocurría en San Lorenzo y eso quedó evidenciado en la causa que investigó las actividades de Esteban Lindor Alvarado, donde aparecen policías que tenían vinculación las actividades narco. Incluso en algunas escuchas aparece mencionada la vicegobernadora Alejandra Rodenas”, explicó.