Cuando en 2022 eligieron a la Argentina como presidenta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por primera vez y de manera unánime, fue por algo. Lo explican tres palabras: memoria, verdad y justicia.

También fue por algo que en 2023 la Unesco, la organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, le diera al Museo de la Escuela de Mecánica de la Armada la categoría de Patrimonio de la Humanidad. También lo explican tres palabras: memoria, verdad y justicia.

Esas tres palabras reflejan una política de Estado que, sin duda con intensidades diferentes, con avances y retrocesos, con blancos, grises y negros, atravesó nuestros 40 años de democracia. La Argentina juzgó a los asesinos, a los torturadores y a los ladrones de bebés siguiendo las reglas del Estado de Derecho. 

Ningún familiar tomó venganza por mano propia. Y, como ocurre con la Cuestión Malvinas, que tiene carácter constitucional, enseñar las causas y consecuencias del Terrorismo de Estado pasó a figurar dentro de los contenidos curriculares obligatorios de la Ley de Educación. 

En 40 años de democracia, hay mucho por mejorar 

Naturalmente, cada argentina y cada argentino tienen su opinión particular sobre la historia y sus matices. En una democracia como la nuestra, afortunadamente no hay Filosofía de Estado o Historia de Estado. La política de Memoria, Verdad y Justicia nos habla de un marco institucional construido por la sociedad a lo largo de nada menos que 40 años.

Como canciller, pude comprobar que esa construcción colectiva es un valor que el sistema internacional y cada uno de los países perciben de inmediato. Abordar un pasado tenebroso desde un régimen constitucional, con todas las garantías del imperio de la ley, y hacerlo con eficacia, es una rareza en el mundo. La misma hermosa rareza de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo buscando hasta el último suspiro la verdad sobre sus hijos e hijas, y tratando de recuperar a sus nietas y nietos para reponerles la identidad violentada.

Por eso el Presidente electo y la Vicepresidenta electa debieran saber que sí, que son 30 mil los desaparecidos. No es una cuestión aritmética. Se trata de valorar un pasado que sigue presente cada vez que un embajador extranjero o un Presidente visitan el sitio de memoria de la ESMA y se impresiona, a menudo hasta las lágrimas, por dos cosas. Una, el nivel sistemático de la crueldad aplicada sobre los secuestrados. La otra, que una sociedad haya podido dejar el infierno y recordarlo para entender qué pasó y evitar una repetición del peor momento de su historia.

Pero además, recordar para no repetir es solo un paso. Conocer de primera mano a qué puede llegar un ser humano para suprimir el derecho a la vida  -las torturas inenarrables, los prisioneros arrojados vivos desde aviones- es también un llamado a no quedarnos en el pasado. Cuando Eva Perón decía que de cada necesidad nace un derecho no se refería a una abstracción demagógica: marcaba que, como los derechos son exigibles al Estado, ese Estado debe articular las políticas públicas necesarias para que cada derecho pueda ser ejercido en plenitud. 

También la concepción integral de los derechos humanos es parte identitaria de nuestra diplomacia desde el 10 de diciembre de 1983, junto al integracionismo, al multilateralismo pragmático y la búsqueda denodada de que América Latina y el Caribe sigan siendo una zona de paz. No hay misterios: así lo siente y lo piensa el pueblo argentino. Es responsabilidad de sus representantes interpretarlo y llevar adelante una estrategia inteligente, creativa, amistosa y digna.

(*) - Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.