El Tribunal Oral Federal número tres avaló el endurecimiento de las condiciones de detención de un peruano condenado por narcotráfico dispuesto por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.

Se trata del detenido Alionzo Rutillo Ramos Mariños,  alias “Ruti”, quien pidió que se lo excluya del Sistema de Gestión Integral de Tratamiento para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

“Ruti”, varias veces condenado por narcotráfico en la Argentina, denunció que “el programa impuesto por el Ministerio de Seguridad restringe las comunicaciones telefónicas y las visitas, ocasionándole un menoscabo a los derechos”.

En ese sentido, explicó que “semanalmente, tiene acceso a comunicaciones telefónicas por 20 minutos y la visita de un familiar por semana, incluidos allí las comunicaciones con su defensa”.

Pero en un fallo unipersonal, el juez Fernando Machado Pelloni rechazó el planteo porque Ramos Mariños “continúa comunicándose periódicamente con sus familiares y defensor, sea a través de llamadas telefónicas o bien personalmente, claro está, en el tiempo establecido por el sistema en el que está incluido”.

El juez evaluó que ese tiempo acotado “no resulta irrazonable o desproporcionado”.

“Los controles impuestos relativos a las llamadas telefónicas y visitas, por el Sistema de Gestión Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, no comportan una afectación de los derechos de los internos incluidos en aquel”, amplió el juez.

“No es más que una mayor injerencia aunque inherente a la naturaleza de la sanción legal y judicialmente impuesta”, concluyó.