El juez Juan María Ramos Padilla se excusó de intervenir en el juicio oral por la presunta venta a precio vil del Predio Ferial de Palermo en 1991 a un grupo empresario para evitar que, a raíz de la recusación en su contra, la causa termine prescribiendo.

Ramos Padilla fue recusado por los imputados por supuesto “temor de parcialidad” y, si bien rechazó el planteo, la apelación está en la Corte Suprema desde hace unos dos años sin resolución definitiva.

Ello traba la realización del juicio y amenaza con la prescripción del trámite judicial, situación ante la cual el juez denunció “violencia moral insuperable, a partir de la actitud de los tribunales superiores, especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“No voy a permitir que se utilice una insostenible recusación en mi contra como obstáculo que impida una decisión definitiva en estas actuaciones. Eso sería tener la misma actitud de aquellos a quienes critico por su desapego a las mandas constitucionales, que tanto daño y descreimiento le generan a nuestra sociedad”, escribió Ramos Padilla.

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El juez debía intervenir en un expediente que es derivación de la venta del predio por un precio inferior al de mercado en una de las zonas más caras de Buenos Aires.

El Poder Judicial resolvió dividir la cuestión en dos: por un lado, los funcionarios públicos, juzgados por los tribunales federales, y por el otro los empresarios que intervinieron, ante los tribunales ordinarios.

El ex presidente Carlos Menem había sido condenado pero la Cámara Federal de Casación, en ese expediente principal, declaró la prescripción de la acción.

En esta causa en la que se excusó Ramos Padilla los imputados están acusados por la tramitación de la rezonificación del predio, en el que con la promesa de aportes privados de capital se proyectó un complejo de cines, restaurantes, discoteca, anfiteatro, centro cultural y estacionamiento, que nunca se concretó.

Para ello, no hubo aportes privados sino un crédito de unos 150 millones de dólares del Banco Provincia, que causó un perjuicio a la entidad financiera oficial.

Entre los imputados figuran el ex procurador del Tesoro del gobierno de la Alianza Ernesto Marcer, el ex presidente de la SRA Luciano Miguens y ex directivos del Banco Provincia.

Pese a los 32 años de trámite, el expediente no llegó aún a la etapa de juicio, entre otras razones porque la Corte no decidió si Ramos Padilla podía o no intervenir.

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“El más alto Tribunal de nuestro país ha demostrado, en esta y otras causas, un tratamiento arbitrario en lo que hace a la utilización de los tiempos procesales a partir de determinadas situaciones políticas, en desmedro de una correcta administración de justicia”, embistió el juez.

“Toda esta situación y circunstancias generan la necesidad de apartarme de estos expedientes para no ser utilizado a fin de mantener en el tiempo este estado de incertidumbre, con los perjuicios ya explicitados”, sostuvo el juez en su excusación.

“Proceder de esa manera implicaría una contradicción con mis convicciones vinculadas con la esperanza de un Poder Judicial igualitario, transparente y eficiente que sostuve, sostengo y seguiré sosteniendo”, advirtió.

En ese contexto, proclamó: “se me estaría utilizando con la pretensión de transformar mi actividad en un escollo para la correcta administración de la justicia”.