Convocada en calidad de testigo por la causal "coparticipación" del Juicio Político a la Corte Suprema, la ex secretaria de Provincias Silvina Batakis sostuvo hoy en la Cámara de Diputados que durante el Gobierno de Mauricio Macri hubo una transferencia "infundada" de partidas y "hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad".

Al exponer como primera invitada en la comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard, la actual directora del Banco Nación se refirió al conflicto que se originó en enero de 2016 cuando Macri elevó la cuota de coparticipación para la Ciudad del 2.35% al 3.75% con la excusa de que debía financiarse el traspaso de la Policía al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta.

Al poco tiempo de asumir la presidencia, Alberto Fernández quitó ese 1,40% adicional de coparticipación para auxiliar a Axel Kicillof en el conflicto con la Policía Bonaerense, estableciendo por decreto un 2.32% para la Ciudad.

A raíz de este recorte, la Ciudad judicializó el conflicto, y luego de tres audiencias de mediación en las que la gestión porteña rechazó las ofertas de Nación, la Corte dictó una cautelar que elevó a 2.95% la coparticipación para la Ciudad, dejando pendiente la cuestión de fondo.

"La transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad", expresó la economista en el último encuentro de la comisión presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) antes del receso invernal.

La funcionaria recordó que cuando la gestión de Cambiemos impuso por decreto el aumento de la coparticipación para la Ciudad en un 3.75% (que luego se redujo al 3.5%) "los gobernadores mostraron mucho enojo" porque "pasar del 1,4% al 3,75% lo que hace es detraer recursos del Gobierno nacional, con los que efectivamente no va a contar para hacer erogaciones en el resto de las provincias".

Para Batakis, el decreto de Macri generó "una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son".

"Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad", aseveró la ex ministra de Economía, y agregó que "la transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad".

La ex secretaria de Provincias describió la coparticipación federal como un fenómeno de manta corta ya que "cuando el Gobierno nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones".

Sobre las audiencias que mantuvieron las partes por el pleito judicial, recordó que "se hicieron distintas propuestas para tratar de llegar a un número y una metodología en común" pero "la Ciudad no aceptó ninguna de las propuestas", con el pretexto de que "no cubrían las expectativas que ellos tenían respecto del 3.5%".

En otro pasaje de su intervención, Batakis explicó cómo el Gobierno llegó a establecer en 2020 el 2.32% para la Ciudad en materia de coparticipación de impuestos.

"El 2.32% surge de hacer las equivalencias del costo de hacer las transferencias al Gobierno de la Ciudad respecto de ese 1.40% en la coparticipación nacional de impuestos", dijo la economista.

"Recordemos que en 2016 cuando se transfiere la Policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia", indicó, y al respecto señaló que las liquidaciones de todos esos gastos los hacía el Gobierno nacional, incluyendo los sueldos del personal de seguridad que "representaban el 91% de las erogaciones totales.

En ese sentido, destacó que "como ya estaba implementado el decreto que elevaba la coparticipación a ese 3.75%, lo que tenía que hacer el Gobierno de la Ciudad con el Gobierno nacional es devolverle esos recursos que habían sido pagados y liquidados por el Gobierno nacional".

Batakis calculó que esa devolución de los recursos que que debía hacer el Gobierno de la Ciudad al Gobierno Nacional "para compensar lo que había transferido el Gobierno nacional ascendía a aproximadamente 8 mil millones de pesos".

En tanto, indicó que "la Policía realiza otras tareas que son encargadas por distintas instituciones y recibe ingresos por esos servicios".

"Hay un costo de oportunidad que tiene el Gobierno nacional por dejar de percibir esos ingresos porque ya no tiene esa policía a su cargo. Aproximadamente ese costo de oportunidad era de 1200 millones de pesos, con lo cual la base que nosotros tomamos del año 2016 fueron aproximadamente 6.000 millones de pesos", resumió la actual presidente del Banco Nación.

La funcionaria nacional comentó que "esos 6.000 millones de pesos comparados con lo que recibía en pesos el Gobierno de la Ciudad por el 1.40% que tenía como atribuido desde el 2003" equivalían a un 0,92%".

"Entonces hasta haber aprobado por ley la transferencia de los servicios al Gobierno de la Ciudad, lo que hizo el Gobierno nacional es con un decreto que estableció que hasta que tuviésemos la ley iba a ser de 2.32%", explicó.

Las conversaciones que se filtraron entre el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, Silvio Robles, reavivaron la polémica por la coparticipación porque del contenido de esos chats surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad para favorecer al distrito porteño en este pleito.

En la anterior reunión de comisión, la mayoría oficialista había aprobado una ampliación de prueba que consiste en tomarle una huella de voz a D’Alessandro para comprobar la veracidad de las charlas de D'Alessandro con Robles.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que fue quien había solicitado la ampliación de prueba en la última reunión de comisión, señaló que la voz de D’Alessandro se podía cotejar con lo que pudiera extraerse de reportajes televisivos, y pidió que "la Policía Federal sea la que esté encargada de llevar adelante el peritaje".

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