El juez federal de Corrientes Juan Carlos Vallejos le pidió al gobierno nacional que explique por qué dio de baja 477 planes Potenciar Trabajo en esa provincia.

Se trata del capítulo correntino de los recortes que dispuso el gobierno sobre esos planes sociales en todo el país por presuntas “incompatibilidades”.

El juez Vallejos le dio al reclamo, formulado por dos abogados locales, formato de “litisconsorcio activo” (múltiples reclamantes litigan frente a un solo demandado, en este caso el Estado Nacional).

Según la demanda, el gobierno de Corrientes informó al Ministerio de Capital Humano que esos 477 beneficiarios tenían un empleo público provincial, lo que significaba una incompatibilidad porque percibían dos prestaciones simultáneas de los estados nacional y local.

La demanda indica que ello es falso y que los 477 beneficiarios trabajaban para empresas privadas.

El Potenciar Trabajo representaba para ellos una parte de sus ingresos, aproximadamente 78 mil pesos.

Ese es el dinero que el Estado aportaba como incentivo para que las empresas privadas contrataran a trabajadores desocupados.

“Esos trabajadores correntinos no tenían ningún otro ingreso salarial y, por lo tanto, es falso que el Potenciar era incompatible para ellos. Es falso que poseían un empleo público en la Provincia”, sostiene el reclamo judicial.

El pedido de informes del juez está dirigido al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Hacienda del gobierno correntino.