El fiscal federal Ramiro González le pidió al Gobierno y a la multinacional Pfizer que le envíen toda la documentación relativa a las negociaciones para que el Estado argentino adquiera las vacunas de ese laboratorio contra el Covid-19.

Una vez obtenida esa información, el fiscal dispuso citar a declarar como testigo a la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien denunció públicamente un supuesto “negociado” en torno a las vacunas.

El fiscal certificó dos entrevistas televisivas en las que Bullrich apuntó al ex ministro de Salud, Ginés González García, como el supuesto gestor de una intermediación con el laboratorio Pfizer para la compra de las vacunas.

En esas entrevistas, la ex ministra (a quien el fiscal llama por su nombre completo, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón) afirmó que González García, con conocimiento del presidente, Alberto Fernández, buscaba un “retorno” en la operación por las vacunas.

La denuncia de Bullrich

“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, sostuvo Bullrich.

El fiscal pidió al ministerio de Salud “todos los expedientes y documentación -en soporte digital- relativa a las negociaciones efectuadas con la firma Pfizer, tendientes a la obtención de vacunas contra la enfermedad COVID-19”.

En sintonía, le reclamó a Pfizer Argentina “que remita toda la documentación obrante en su registros -en soporte digital- respecto a las negociaciones efectuadas con el gobierno argentino”.

“Recibida y compulsada la información requerida, fíjese audiencia con el objeto de recibirle declaración testimonial a la Dra. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón”, añade el proveído firmado por el fiscal.

Al mismo tiempo, González delimitó el “objeto procesal de las presentes actuaciones” y lo circunscribió a “investigar los hechos expuestos en distintos programas periodísticos por la Dra. Patricia Bullrich con fecha 23 y 24 de mayo del año 2021, consistentes en irregularidades en las negociaciones entre los representantes del Estado Nacional y de la firma Pfizer”.

Esas supuestas irregularidades están vinculadas –sostiene el documento- “con la imposición de establecer un intermediario en la Argentina, como requisito para su contratación para la adquisición de vacunas contra el Covid-19”.

La causa, en rigor, se inició por una autodenuncia del propio Ministerio de Salud.

El director de Asuntos Jurídicos de la cartera sanitaria, Gaspar Uriel Tizio, formuló la denuncia  sobre “diversos hechos informados por la Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio”.

Esos “hechos informados” eran, precisamente, las denuncias de Bullrich en sendos programas de TV.