El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe sostuvo la apelación contra la nulidad y el sobreseimiento de todos los imputados en la causa por presunto espionaje ilegal a ex funcionarios kirchneristas presos en la cárcel de Ezeiza.

El fiscal consideró que “las desvinculaciones son prematuras” y que la eventual confirmación del cierre de esa parte de la investigación “deviene en una renuncia a la averiguación de la verdad como finalidad del proceso”.

Agüero Iturbe mantuvo el recurso presentado por su colega de primera instancia Franco Picardi contra el fallo del juez Marcelo Martínez de Giorgi que declaró nulas las declaraciones de dos testigos de identidad reservada y, como consecuencia de ello, sobreseyó a los integrantes del Servicio Penitenciario Federal acusados de inteligencia ilegal.

“El sobreseimiento de los imputados, aún frente a la peregrina hipótesis de la convalidación de la nulidad por esa Alzada, no puede prosperar por la existencia en el caso de una línea de investigación independiente”, sostuvo e fiscal ante la Cámara.

“En paralelo a las declaraciones testimoniales y con anterioridad a estas, se desarrolló otro andarivel investigativo”, explicó el fiscal.

Sobre la nulidad de las declaraciones testimoniales, el dictamen consideró que “se debió estar a la falta de mérito otrora decretada por la Alzada con el propósito de cumplir cuanto se mandó a profundizar la instrucción”.

En efecto, los sobreseídos por Martínez de Giorgi habían recibido en diciembre de 2021 una “falta de mérito” para profundizar la investigación por parte de la Cámara Federal.

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Ello “casi dos años después no varió en el sentido de poder librar de la imputación a los aquí beneficiados. (…)  No puede perderse de vista que se trató de una sola organización criminal”, evaluó Agüero Iturbe.

En ese contexto, consideró que “no puede obviarse las conexiones entre Gustavo Arribas, Silvia Majdalani (jefes de la AFI), Emiliano Blanco y Cristian Suriano (jefes del SPF)”, pues “se acreditaron encuentros entre ellos; conforme informes reservados AFI”.

Sobre las irregularidades de las declaraciones de los testigos de identidad reservada, el fiscal señaló que “en ese menester tener en cuenta que a la fecha del acto se transitaba la emergencia sanitaria, extremo no plasmado en el caso, pero que por notorio y público es innecesaria mayor acreditación”.

“Tal circunstancia posibilitaría entender ciertas desprolijidades evidenciadas en las declaraciones que llevan al señor juez en este caso a dudar sobre su veracidad. El hecho de la pandemia del COVID pudo justificar las demoras y formas en que sucedió la entrevista”.

Además, el dictamen advierte que “las contradicciones en las que puede caer un testigo hacen a la valoración probatoria y no a la nulidad del acto”.