La Cámara Federal porteña ratificó los sobreseimientos de tres imputados en la Causa Sueños Compartidos, la defraudación a la Fundación Madres de Plaza de Mayo mediante el programa Sueños Compartidos para la construcción de viviendas sociales entre 2003 y 2015.

Se trata de Leonardo Alejandro Hubscher y Walter Abel Cavagliato, inicialmente acusados como “prestanombres” de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, y del arquitecto Federico Segura.

La Cámara Federal, con las firmas de los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, desvinculó por segunda vez a los tres imputados, ya que en la oportunidad anterior su superior jerárquico, la Cámara de Casación, había anulado los sobreseimientos, en mayo pasado.

“Habiendo analizado nuevamente el caso a la luz de los lineamientos trazados en el fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hemos arribado a la misma conclusión: no hallamos elementos de convicción suficientes que justifiquen mantener, a esta altura, la sujeción de las personas involucradas a este proceso”, sostuvo la resolución.

Los tres imputados habían sido llamados a indagatoria en 2013 pero lo mismos jueces anularon esa decisión y resolvieron, además, apartar al hasta entonces juez de la causa, el difunto Norberto Oyarbide, y designar en su reemplazo a Marcelo Martínez de Giorgi.

El nuevo magistrado, seis años después y sin concretar la indagatoria, sobreseyó a los tres imputados (entre otros más) y elevó parcialmente la causa a la etapa de juicio oral, que aún no se llevó a cabo.

En el caso de Hubscher y Cavagliato, el tribunal entendió que “o bien no había formado parte del directorio” de las empresas por las que eran responsabilizados, “o bien aun cuando ocuparon cargos… no se reunió en autos siquiera indicio’ que permitiera sostener su participación en la maniobra investigada”.

Respecto de Segura, acusado por el manejo de fondos supuestamente para pagar salarios en efectivo en las obras a su cargo, el tribunal admitió que existió una “descuidada forma de transferir las sumas dinerarias a la cuenta personal”.

Pero ello “no debía reprocharse a Segura sino a quienes tenían la responsabilidad de administrar esos fondos” y la señaló como “una irregularidad más de las advertidas en la contabilidad de la Fundación”.