El fiscal federal Franco Picardi pidió el procesamiento de ex funcionarios kirchneristas y un grupo de empresarios, entre ellos Angelo Calcaterra –primo del ex presidente Mauricio Macri- en la causa en la que se investigan presuntos sobornos para la licitación por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Según el fiscal, el expediente –a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi- reunió suficientes evidencias para disponer los procesamientos del ex ministro de Planificación, Julio De Vido; del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros.

Por tal motivo pidió en las últimas horas los procesamientos de los implicados.

La investigación, que transitó siempre por un camino farragoso, está demorada ahora a la espera de un peritaje contable pedido por la defensa de Calcaterra para determinar si hubo perjuicio económico para el Estado.

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Los pagos ilegales, según Picardi, fueron desembolsados por las empresas que se unieron para presentarse en la licitación, la multinacional brasileña Odebretch y sus socios locales, necesarios para acceder al contrato.

Para Picardi, está probado “el direccionamiento de la licitación” a favor del conglomerado empresario liderado por Odebretch.

El fiscal denunció la existencia de “un pacto venal sellado a partir del año 2005 entre determinados funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal y empresarios”, que se cristalizó en “promesas de pagos y pagos indebidos, contratos comerciales simulados y una ingeniería financiera diseñada para la triangulación espuria de cuantiosas sumas de dinero”.

En ese contexto, que el fiscal considera que ya está acreditado en el expediente, el peritaje reclamado por Calcaterra es innecesario para el dictado de los procesamientos que reclama el Ministerio Público.

“El estado actual del expediente y la cuantiosa evidencia reunida a lo largo de la instrucción es contundente y suficiente para poder resolver la situación procesal de las personas indagadas, de conformidad con lo valorado y requerido”, resumió el dictamen.

La obra del soterramiento, que nunca se concretó por falta de financiamiento, fue adjudicada a la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por IECSA S.A. (históricamente vinculada con la familia Macri), Odebrecht, la italiana Ghella y Comsa S.A.