El ministro de Justicia, Martín Soria, concurrirá este lunes a la Cámara de Diputados con el objetivo de destrabar el tratamiento del proyecto de reforma de la ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, aunque la oposición de Juntos por el Cambio anunció que no participará del encuentro.

La cita es este lunes a las 18:00 en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, donde el funcionario defenderá la iniciativa, que ya fue aprobada en el Senado en noviembre del año pasado, y desde entonces quedó estancada en Diputados.

Juntos por el Cambio anunció que no concurrirá al plenario y expresó: "No seremos cómplices de la destrucción de la República".

"En el momento más duro de la pandemia la prioridad del oficialismo es garantizar la impunidad de sus ex funcionarios. El Interbloque Juntos por el Cambio no será funcional a una agenda absolutamente ajena a las preocupaciones de millones de argentinos. Reformar el Ministerio Público Fiscal, aprobando la sanción que viene del Senado, implica afectar la independencia de todos los fiscales del país y someterlos al control político del kirchnerismo", señaló el espacio opositor.

Los referentes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica señalaron que no irán a la reunión porque el oficialismo "quiere quebrar la independencia de todos los fiscales de la Nación".

"Juntos por el Cambio no está dispuesto a que mientras la sociedad está preocupada por la escasez de vacunas y el avance de los contagios, una economía en crisis, con una inflación en marzo de 4,8%, un millón y medio de puestos de trabajo menos y el 42% de los argentinos en la pobreza, la Cámara de Diputados de la Nación se convierta en el lugar en donde el Frente de Todos pretenda consagrar la impunidad del pasado reformando la ley que regula la
estructura del Ministerio Público, y atacando la independencia de todos los fiscales de la Nación", enfatizaron.

"Afectar la independencia del Ministerio Público Fiscal significa debilitar el sistema republicano de gobierno. El objetivo de la reforma es terminar con la independencia de todos los fiscales y desplazar al Procurador Eduardo Casal, quien ocupa el cargo en nombre de la ley y lo ejerce con independencia", indicaron los diputados.

Además, rechazaron "rotundamente los términos de la convocatoria del diputado (Rodolfo) Tahilade, que pretende que los diputados nacionales adelanten las preguntas y no puedan formularlas luego de la intervención del ministro".

"Esto violenta nuestros fueros al pretender silenciar las voces opositoras y armar una escena a medida que desvirtúa, además, la esencia misma del Parlamento. No es el momento, no es el modo, no es el contenido. Si al Gobierno le interesa garantizar la impunidad y consagrar esta ley inconstitucional no será con nuestro aval. No seremos cómplices de la destrucción de la República", agregaron.

Apenas asumido, Soria prometió que hablaría con sus ex colegas diputados para intentar que se reactive la reforma, cuya aprobación pende de un hilo dado que el oficialismo no tiene mayoría propia para imponerla.

Lo cierto es que el presidente Alberto Fernández envió el pliego de Daniel Rafecas para procurador general el 10 de marzo del año pasado, y el tiempo sigue corriendo sin novedades: la oposición se rehúsa a prestar los votos para la designación, que necesitaría de una mayoría agravada de dos tercios.

En ese contexto, surgió la idea de una reforma de la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal para flexibilizar los votos que se necesitan para nombrar al procurador, además de limitar el mandato a cinco años.

Concretamente se propone que el procurador puede ser designado con la mitad más uno de los senadores, en lugar de los dos tercios.

Para la remoción del cargo, en cambio, se necesitarán dos tercios de los votos del Senado.

Por otra parte, el procurador no podrá ser postulado ni designado en los años donde se elija presidente y vice, ni tener más de 75 años al momento del nombramiento.

El mandato del procurador, según prevé el proyecto, tendrá una duración de cinco años prorrogable por otro período igual a propuesta del Poder Ejecutivo.