Los trenes mantienen la protesta que comenzó este lunes. El “trabajo a reglamento”, que consiste en no circular a más de 30 kilómetros por hora, que lleva adelante el gremio La Fraternidad en demanda de “mayores medidas de seguridad”, está provocando demoras y cancelaciones en los servicios ferroviarios urbanos.

Desde el Gobierno nacional consideraron como “extorsivas” las medidas de fuerza y las atribuyeron a la intención de negociar “un aumento salarial superior al que se firmó con el resto de los sindicatos ferroviarios”, indicaron fuentes gubernamentales.

Los conductores de las formaciones mantienen una velocidad que no supera los 30 kilómetros por hora, lo cual generó, primero demoras en las partidas y luego cancelaciones al superponerse los horarios, en momentos en que el movimiento es más intenso por la vuelta a casa.

La medida fue informada por el sindicato de La Fraternidad a través de folletos que fueron repartidos en las distintas estaciones, en las cuales se reclamaba por “mayores condiciones de seguridad” y se advertía que, debido a la “emergencia ferroviaria”, se estaba “ante una de las peores crisis ferroviarias”, según el texto.

En el folleto solicitan con urgencia, repuestos y reparaciones y obras en las vías para seguridad y confort, así como la actualización del sistema de comunicación y señales.

Fuentes gubernamentales señalaron por su parte que “esta vez no tomaron la decisión de ir a un paro, pero hacen esta medida de reducir la velocidad de los trenes, que es lo que más jode a la gente, con la excusa de que el sistema ferroviario está en emergencia”.

“A ese reclamo el gobierno le dice, que sí, claro, está en emergencia ferroviaria y por eso decidió en mayo declararlo en emergencia con un presupuesto complementario de 1.3 billones de pesos. Pero el estado calamitoso es de hace muchos años y producto del manejo de gobiernos que no invirtieron en vías ni señales ni repuestos ferroviarios, con tal de destinar recursos a obras para propaganda política”, añaden las fuentes.

Y destacan que “el propio gremio de Omar Maturano (La Fraternidad) tenía a su representante en el gobierno de Alberto Fernández: el subsecretario de transporte ferroviario era Agustín Special, sindicalista del sindicato, cumpliendo el rol durante los 4 años de gestión del área que debe velar por la seguridad operacional”.

Recalcan que “este gobierno no va ceder ante las extorsiones sindicalistas que para no perder sus intereses ponen en el medio de los reclamos a la gente. Contrario al 80% del sector ferroviario con quien firmamos paritaria el viernes y se les dio 3,5% entre noviembre  y diciembre”.

Finalmente puntualizan que el 13 de junio de 2024, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Pública Ferroviaria y que el plan de acción definido contempla: La ejecución de 226 obras (de las cuales 45 ya están en ejecución); la compra de 3 locomotoras y 50 triplas diésel; la ampliación y mejoras en talleres y la incorporación de nueva tecnología y capacitaciones.