La situación de los asilados venezolanos opositores al autoproclamado presidente Nicolás Maduro se recrudece en la diaria y hoy tomó relevancia luego de que Pedro Urruchurtu Noselli denunciara un nuevo corte del suministro energético en la Embajada Argentina en Caracas. 

“26 de noviembre, 8AM: Se mantiene el asedio a las afueras de la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas, protegida por Brasil, con fuerzas de seguridad del régimen”, expresó a través de su cuenta de X.  

En la misma línea, amplió: “El recinto diplomático sigue sin energía eléctrica. Ya son más de 60 horas de asedio continuo”.

X de Pedro Urruchurtu Noselli

El coordinador internacional de la líder opositora María Corina Machado utiliza sus redes sociales a modo de bitácora del asilo que inició el 20 de marzo, y reclama la garantía de un salvoconducto.

Bajo la protección diplomática del gobierno de Brasil desde el 1° de agosto pasado, Urruchurtu Noselli se encuentra refugiado junto a Magalí Meda, exjefa de campaña de Mac; la coordinadora en comunicaciones, Claudia Macero; el coordinador electoral, Humberto Villalobos; el exministro de Transporte y Comunicaciones, Fernando Martínez Mottola, y el exdiputado Omar González.

En su cronología, el opositor relató que el 23 de noviembre, funcionarios encapuchados que responden a Maduro asediaron la Embajda con los drones y bloquearon la señal de telefonía celular. Al día siguiente, en horas de la madrugada, aseguró que “se incorporó una camioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional al despliegue de fuerzas de seguridad del régimen que asedian la residencia”. 

El pasado sábado, la Cancillería a cargo de Gerardo Werthein condenó “el despliegue de efectivos armados, el cierre de calles alrededor de la Embajada y otras maniobras” que aseguraron constituyeron "una perturbación de la seguridad que debe garantizarse a las sedes diplomáticas de conformidad con el derecho internacional, así como a quienes han solicitado asilo diplomático”.

"La República Argentina hace un llamado a la comunidad internacional para condenar estas prácticas y exigir los salvoconductos necesarios que permitan la salida de las personas asiladas del país”, sentenciaron a través de un comunicado de prensa. 

Asimismo, refirmaron el compromiso con la defensa de los derechos humanos, "el respeto de las normas internacionales y la seguridad de quienes se encuentran en situación de asilo”.