El reinicio de la actividad en el Senado luego del parate electoral por las PASO comenzó "picado", ya que el interbloque de Juntos por el Cambio decidió no concurrir al debate de comisión convocado por el Frente de Todos para discutir proyectos que apuntan a declarar a internet y a la telefonía móvil como servicios públicos, para remarcar su rechazo a la continuidad de la modalidad remota.

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión presidida por el oficialista Alfredo Luenzo recibió cuatro invitados que expusieron sobre seis proyectos referidos al tema.

Al comienzo del encuentro, que se realizó de manera remota, Luenzo informó que el vicepresidente de la comisión, el pampeano Juan Carlos Marino (UCR) le había hecho llegar una nota para avisar que Juntos por el Cambio se excusaba de participar del debate ya que "quieren avanzar en sesiones en forma presencial y no virtual".

"Los senadores de nuestros bloques consideran necesario volver al funcionamiento presencial pleno, tanto en sesiones en el recinto como para las reuniones de comisiones", señalaba el texto. 

El jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, replicó la postura de Juntos por el Cambio y recordó que existe un decreto firmado por la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, que prorrogó por 60 días el protocolo de funcionamiento mixto.

Juntos por el Cambio alega que esa resolución todavía no fue ratificada mediante una votación en el recinto, aval que no obtendrá ya que necesitaría de una mayoría especial de dos tercios que la oposición no está dispuesta a acompañar.

"El Parlamento no puede estar parado. Hay un decreto de la presidenta del Senado que lo vamos a ratificar en la próxima sesión. Desde la pandemia se vino trabajando en base a esos decretos y hasta tanto definamos la presencialidad en las comisiones y el recinto. Si hay acuerdo pondremos en marcha un sistema distinto pero mientras es el virtual", afirmó el formoseño.

EL DEBATE DE COMISIÓN

Los especialistas que tomaron la palabra en la reunión de comisión fueron el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López; el ex exsecretario de comunicaciones y exvicepresidente de ARSAT, Henoch Aguiar; el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano; y la investigadora del CONICET Bernadette Califano. 

Los seis proyectos que están en tratamiento pertenecen a Luenzo, a Daniel Lovera (La Pampa), Antonio Rodas (Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén); y de los opositores Marino (La Pampa) y Gladys González (Buenos Aires). 

Califano sostuvo la necesidad de declarar a internet como un servicio público dado que "se necesitan políticas públicas para resolver cuestiones que el mercado no ha resuelto en estos años" que tienen que ver con "desigualdades en materia de conectividad”.

La investigadora advirtió que "la penetración de internet fija ronda en promedio el 68 por ciento a nivel nacional, con provincias que tienen el 60", a la vez que "el 90 por ciento de los usuarios de telefonía móvil tiene el servicio pospago, que son los más onerosos".

Por su parte, Aguiar se mostró a favor de que "la conectividad se transforme en un servicio universal para todos", y puntualizó ya que "hay una situación de desigualdad entre las diferentes provincias".

"Cuatro provincias están por debajo del 40 por ciento del nivel de conectividad: ellas son Formosa con el 32 por ciento, San Juan con 36, Santa Cruz con 37 y Mendoza con 39” mientras que "las líderes, con el 82 por ciento, son La Pampa y San Luis", comparó. 

Además, advirtió que "hay áreas sin cobertura en telefonía móvil: ellas son las poblaciones con menos de 500 habitantes, en tanto que aquellas que tienen más de 500 y menos de 2 mil habitantes apenas están cubiertas con 3G".

A su turno, Bassano cuestionó el hecho de que "Argentina tiene un monopolio con dos grupos económicos poderosísimos como son Telefónica y Telecom que tienen la disputa de celulares, internet y la televisión por cable".

Por último, Gustavo López, que secunda a Claudio Ambrosini en el ENACOM, coincidió en la necesidad de "garantizar el acceso universal" a la conectividad de internet y lamentó que haya "un sector que cree que debe ser un bien de mercado y no un derecho básico".