Se define la recusación contra el fiscal Picardi en las causas por presunto espionaje ilegal
El juez Martínez de Giorgi fijó una audiencia para el próximo 29 de mayo para tratar los planteos de dos "cuentapropistas" del espionaje.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi convocó para el próximo 29 de mayo a una audiencia para definir una recusación contra el fiscal Franco Picardi para que se aparte de las causas por presunto espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos.
La recusación fue presentada por las defensas de varios de los ex agentes de inteligencia considerados “cuentapropistas” del espionaje por la Cámara Federal porteña.
Los ex espías Facundo Melo y Leandro Araque recusaron al fiscal “en razón de un aparente interés en el proceso, situación que acarrea la total falta de imparcialidad, de objetividad, y evidencia el desarrollo de su labor motivado en intereses ajenos a la correcta administración de justicia”.
Picardi –argumentaron— dictaminó la nulidad de las escuchas telefónicas a detenidos en la cárcel de Ezeiza como elemento de prueba en la causa conocida como “Puf Puf”, un supuesto complot contra el difunto juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la Causa Cuadernos.
Sin embargo, el mismo fiscal avaló otras medidas de prueba reputadas igualmente ilegales (“una excursión de pesca”, según la recusación) en la causa por presunto espionaje ilegal.
“En virtud del planteo formulado por la defensa de Melo y Araque, he de disponer que la audiencia prevista por el artículo 71, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, se lleve a cabo el día 29 de mayo del corriente, a las 10 horas, en los estrados del tribunal”, resolvió el juez Martínez de Giorgi.
Ese artículo del Código Procesal establece que “la recusación, lo mismo que las cuestiones de inhibición, serán resueltas en juicio oral y sumario por el juez o tribunal ante el cual actúa el funcionario recusado”.
Picardi sostuvo que las escuchas en la Causa Puf Puf no pueden ser usadas como prueba por su presunta ilegalidad, en tanto que en el expediente por espionaje ilegal tomó como prueba válida el hallazgo de documentación por parte del juez de Lomas de Zamora Federico Villena en los teléfonos de los imputados.
La defensa de los ex espías consideró que se trata de “un modo de actuar que pareciera acercarse más a una discusión (o posición) política que jurídica”, lo cual le genera “la absoluta pérdida de confianza en quien representa al Ministerio Público Fiscal”.