La fiscal Dafne Palópoli concluirá hoy con su alegato en el juicio oral contra el senador Oscar Parrilli y otros ex funcionarios por la fallida edición de un libro sobre “la década ganada”, referido al gobierno 2003–2015.

La fiscal ya anunció que no acusará a los imputados: además de Parrilli, Javier Grosman, ex titular de la Unidad Bicentenario; Katya Daura, ex presidenta de la Casa de la Moneda, y Matías Njirjak, gerente de esa entidad.

Una vez que finalice el alegato de la fiscal, será el turno de los acusados, pero atento a que en el expediente no hay querella, el juicio se encamina hacia la absolución de todos.

La causa se había iniciado en 2016 por denuncia del titular de Casa de la Moneda del entonces nuevo gobierno de Cambiemos, Marcelo Pose.

El juicio oral se inició en julio del año pasado y Parrilli declaró en su indagatoria: “Me siento vejado por una causa injusta que es una persecución política. (…) ¿Dónde está el delito?, ¿dónde está el dinero que se llevó Parrilli o algún otro imputado? No existe delito y este juicio no tiene sentido”.

El actual senador y el resto de los imputados estaban acusados por la frustrada impresión de un libro titulado “La década ganada”, por el que se pagó un adelanto de 800 mil pesos desde la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.

Sobre todos pesaban acusaciones por “defraudación en perjuicio de la administración pública”.

Parrilli y Grosman son defendidos por el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra.

LEE: El camarista Bruglia demandó civilmente a Alberto Fernández por 40 millones de pesos

En un anticipo de su alegato, Ibarra sostuvo que se trató de “una licitación que no fue impugnada y en la que participaron varias empresas privadas; la licitación la ganó Casa de Moneda por ser el precio de oferta más bajo; se giraron 800 mil pesos cuando se hizo la orden de la primera impresión, lo cual estaba establecido en el pliego”.

Ese dinero –añadió- ingresó a la tesorería de Casa de Moneda, que es un organismo ciento por ciento público. Que los libros finalmente no se hayan impreso no configura delito alguno porque es una decisión que tiene cualquier gobierno (suspender una licitación)”.

El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal número siete, el mismo que deberá llevar adelante el debate oral, en fecha a determinar, por la Causa Cuadernos.