El dirigente social Juan Grabois fue demorado hoy en el aeropuerto internacional de Bogotá y expulsado de Colombia, a donde había llegado como parte de una misión de veedores argentinos para seguir de cerca presuntas violaciones a los Derechos Humanos en dicho país en medio de una escalada de violencia, con represión a las protestas y decenas de muertos y desaparecidos.

El colaborador del Vaticano, quien fue retenido en un pequeño cuarto del aeropuerto hasta que se resolvió su situación, sufrió el secuestro de su documentación y equipaje, y fue obligado a tomar un vuelo con escala en Lima, luego de ser conducido a la puerta del avión con custodia.

"Luego de una serie de agresiones físicas registradas por numerosos testigos y cámaras de seguridad, el gobierno colombiano me expulsa de su territorio por considerarme un "riesgo para la Seguridad de Estado" (decreto 1727/2020)", tuiteó el titular de la UTEP y del Frente Patria Grande.

"Me han retenido la documentación y el equipaje. Me suben custodiado a un vuelo a Lima, sin explicación de mi ulterior destino. Son tiempos de cambio para América Latina. Nada va a ser fácil. Pero despertamos. Adios Colombia ¡Fuerza!", agregó.

Llamativamente, Grabois fue el único integrante de la delegación argentina, de alrededor de 20 personas, a quien le fue negado el ingreso a Colombia.

Antes de recibir la confirmación de su expulsión de Colombia, el dirigente social había compartido un video en Twitter que muestra el momento exacto en que una oficial de Migraciones le notificaba que iba a "proceder a la inadmisión".

"Porque nosotros tenemos la soberanía como para decidir quien ingresa y quien no ingresa a nuestro país", agregaba la supervisora de Migraciones del aeropuerto de Bogotá.

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La misión argentina, integrada por referentes de organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales y sindicales, tiene previsto permanecer Colombia hasta el 2 de junio para poder visitar distintas ciudades en las que se están desarrollando las movilizaciones que sacuden al país.

En las últimas tres semanas, cerca de 42 manifestantes murieron producto de la represión de fuerzas de seguridad, en tanto que hay cientos de heridos y desaparecidos.

La delegación argentina está integrada por representantes de organizaciones como el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).