El juicio que se realiza en Panamá por el caso conocido como “Panamá Papers” concluyó la etapa de debate y se encamina ahora a la de las definiciones: el veredicto y las eventuales condenas.

La fiscal que encabeza la acusación, Isis Soto, especializada en delincuencia organizada,  pidió penas de hasta 12 años para los principales imputados, los titulares del estudio Mossak – Fonseca.

La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, dispone de un lapso de 30 días para dar a conocer su decisión.

“El caso Panamá Papers ha estigmatizado al país al revelar la existencia de estructuras utilizadas para el blanqueo de capitales”, explicó la fiscal Soto su pedido de penas para los imputados.

Soto construyó su acusación sobre la base de dos hechos: uno, vinculado con la multinacional alemana Siemens, cuyos directivos utilizaron las sociedades off shore para dibujar los pagos de sobornos, entre ellos los pagados en Argentina en un contrato por la renovación de los DNI en el gobierno de Carlos Menem.

El segundo hecho también se vincula con la Argentina, pues apunta al lavado de dinero proveniente de las actividades de Hope Funds, la empresa de Enrique Blaksley Señorans, conocido como el “Madoff argentino”, en referencia a Bernie Maddof, el financista estadounidense condenado a más de un siglo de cárcel y muerto en prisión.

Sin embargo, la acusación deja abierta la posibilidad de que el flujo de fondos ilegales tuviera otros orígenes.

A través de empresas ficticias creadas en Panamá se blanquearon fondos ilegales utilizados en la compra de bienes inmuebles en Panamá, sostiene la acusación.

Las principales acusaciones apuntan a los abogados Jürgen Mossack y Ramón Fonseca y a otros cuatro acusados, en tanto que la fiscal solicitó penas menores a los 12 años para otra veintena de imputados.

Para tres imputados la fiscal pidió la absolución.

La fiscal apuntó a un directivo del estudio Mossak – Fonseca,  el abogado Amauri Batista, a quien acusó de ser “cómplice de las estrategias para adquirir inmuebles con fondos ilegales procedentes de Argentina”.

Según cita el diario local La Prensa, “Batista conocía de las investigaciones seguidas en Argentina por estafa y blanqueo de capitales y aun así facilitó estructuras para la compra de los apartamentos”.

El debate insumió más de 85 horas de sesión, 27 testigos, medio centenar de pruebas documentales y 29 acusados.

La acusación es por “crear esquemas societarios y financieros para ocultar activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares”.