La Cámara Federal de Casación confirmó el rechazo a un pedido del narco rosarino Esteban Lindor Alvarado para recibir visitas en la cárcel de su mujer y sus hijos sin que los separe un vidrio blindado.

Alvarado había sido autorizado a tener contacto físico con sus hijos “sin blindex en ocasión de realizarse las visitas familiares en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”.

El fallo también autorizaba a que tuviera contacto físico sin vidrio blindado de por medio con su mujer, puesto que “las visitas íntimas las mantiene sin él”.

Las visitas de su mujer, según ese fallo, serían “efectuadas en espacios de visitas sin blindex de por medio, debiendo arbitrar las medidas que estime necesarias -siempre respetando el pudor y la intimidad de las personas intervinientes- con el objeto de garantizar la seguridad de las visitas, de la población carcelaria y de la comunidad toda”.

Pero en noviembre pasado, el Tribunal Oral Federal número dos de Rosario revocó esos permisos y volvió a extremar las medidas de seguridad a que fue sometido Alvarado como una forma de restringir el manejo de operaciones ilegales desde la cárcel.

La Cámara de Casación, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, con la disidencia de Ángela Ledesma, declaró “inadmisible” la apelación de la defensa de Alvarado.

“El impugnante no ofrece argumentos suficientes que acrediten la existencia de cuestión federal para habilitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, en los términos de la doctrina establecida por la Corte Suprema apeló la decisión”, sostuvo el voto de mayoría.

A fines del año pasado, Alvarado intentó fugarse mediante un operativo que incluía la utilización de un helicóptero desde la cárcel de Ezeiza, pero no lo consiguió.

Considerado uno de los principales capos narcos de Rosario y enfrentado con la banda “Los Monos”, Alvarado afronta una condena a prisión perpetua por instigación al homicidio, lavado de activos, amenazas y asociación ilícita por hechos ocurridos entre 2012 y el 2018.

Entre esos hechos figuran las balaceras a edificios y empleados judiciales.

Además, pesa sobre él otra condena a 15 años de cárcel por tráfico de casi 500 kilos de marihuana en la provincia de Río Negro en 2017.