La Cámara Federal porteña ratificó la falta de mérito para el ex director de Vialidad del gobierno de Cambiemos y actual intendente de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, en una causa en la que está acusado por extender en forma irregular la concesión de siete corredores viales.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens rechazaron un recurso de casación presentado por los fiscales José Luis Agüero Iturbe y Sergio Rodríguez (este último, titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas).

Iguacel había sido procesado en primera instancia por el juez Sebastián Casanello, junto con otros ex funcionarios de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart y Luis Pablo Belenky.

Stoddart fue jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos de la Dirección Nacional de Vialidad, en tanto que Belenky se desempeñó como director del organismo de control de las concesiones viales (OCCOVI).

La Cámara Federal revocó aquella decisión y entendió que no hay prueba suficiente para sostener el procesamiento, pero tampoco para exculpar definitivamente a los imputados.

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En ese contexto, los benefició con “·falta de mérito”, una figura que en los hechos determina que los ex funcionarios deben seguir bajo investigación.

“El efecto de dicho pronunciamiento no es poner término al proceso, sino que, por el contrario, implica su continuación, por lo que no reúne los requisitos de carácter final”, explicaron los camaristas al rechazar la apelación de los fiscales.

Así, mantuvieron el criterio que ya habían plasmado en la resolución anterior, cuando dijeron que “de momento, no se cuenta con elementos suficientes que permitan vincular a los ex funcionarios imputados con las empresas concesionarias o sus representantes, y así sustentar la hipótesis por la que fueron procesados”.

La causa se inició en 2019 por una denuncia del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, a raíz de la extensión de los contratos de “concesión de los Corredores Viales Nacionales Nro. 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular”.

La denuncia sostiene que la extensión de los contratos benefició a las empresas concesionarias y, al mismo tiempo, imposibilitó al Estado Nacional “la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación”.