La Cámara Federal porteña revocó los sobreseimientos de los acusados de haber vendido a precio vil una parcela del Parque Tres de Febrero a una empresa privada que construyó allí el Vilas Club, pero le encomendó a la jueza María Servini que determine si, por exceso del “plazo razonable”, la causa está prescripta.

La medida alcanza  a Raúl Costamagna, ex secretario de Obras Públicas de la Nación; Horacio Ordoñez, subgerente de Ventas de Inmuebles del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE); Jorge Simeonoff, director de ese organismo; y Martín Goldstein y Alberto Wollmann, de la empresa Norwalk S.A., que compró los terrenos.

Después de un largo e intrincado recorrido judicial, la jueza dictó en febrero pasado, a instancias de la Cámara Federal de Casación Penal, los sobreseimientos de los imputados, pero los fiscales Paloma Ochoa y Franco Picardi apelaron la decisión.

En abril, la Cámara federal, sin pronunciarse sobre las apelaciones, resolvió “devolver las actuaciones al juzgado de origen, a fin de que la Magistrada de grado se expidiera respecto de los planteos efectuados por las partes en torno a la posible violación de la garantía del plazo razonable”.

Ahora, la Cámara –con las firmas de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens- decidió revocar los sobreseimientos, “debiendo la Magistrada de grado proceder de acuerdo a lo señalado en los considerandos”. Ello implica, antes que nada, resolver si la causa, que se inició en 2006, prescribió por la violación a la garantía de ser juzgado en un “plazo razonable”.

En la causa se investiga el presunto delito de “peculado”, que establece penas de dos a diez años de cárcel para “el  funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo”.

La causa se inició por una denuncia de la Asociación Amigos del Lago de Palermo, que sostuvo que  los terrenos fueron vendidos a valor de 75 pesos el metro cuadrado en el año 2002 (unos 18 dólares, según la cotización de la época).

Se trata de una parcela de 36.656,33 metros cuadrados, por los que la empresa pagó 2.749.264,75 pesos. En el expediente también se analiza cómo la Ciudad de Buenos Aires transfirió al Estado Nacional esos terrenos, en condiciones similares a las que tramitaron en otro expediente, la venta del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina.