La reciente denuncia contra Rosana Lodovico, de combatir la corrupción dentro del Estado. La controversia surge en un momento crítico para el gobierno libertario, que busca reafirmar su compromiso con la transparencia y la eficiencia gubernamental.

Lodovico en el centro de la tormenta

Según la denuncia presentada por la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, Lodovico habría recibido un préstamo de US$ 250,000 de Promarlon SA, una empresa investigada por contrabando, en un momento en que ella ocupaba una posición clave dentro de la Aduana. Este préstamo, destinado a la compra de una propiedad en Canning, se interpreta como una posible maniobra para conferir legalidad a fondos de origen cuestionable.

Campagnoli argumenta que el préstamo podría haber sido un mecanismo para asegurar la impunidad de la empresa acusada. "Podría deducirse que se procuraba la impunidad de una empresa denunciada por contrabando", indicó en su presentación, solicitando además el levantamiento del secreto financiero de los implicados.

Defensa y contexto

En respuesta a las acusaciones, Lodovico ha defendido su inocencia, asegurando que desconocía cualquier actividad ilícita por parte de al momento de aceptar el préstamo. "Este préstamo se pidió en conjunto con mi exmarido para la compra de una casa, una parte del valor total de US$330,000, y el resto fue pagado con ahorros", explicó Lodovico en declaraciones al diario La Nación. Además, su relación con la empresa fue verificada por su contador antes de proceder con la transacción.

Una carrera en la Aduana

Con una carrera de 30 años en la Aduana, Lodovico ha ocupado varios cargos importantes, incluyendo la subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel, antes de ser ascendida a titular por Milei. Su trayectoria, marcada por posiciones de influencia, ha sido ahora cuestionada, arrojando dudas sobre la eficacia de las medidas anti-corrupción implementadas por el gobierno actual.

Silencio desde la Presidencia

Hasta el momento, ni el presidente Milei ni otros altos funcionarios del gobierno han emitido declaraciones sobre el caso, aumentando la incertidumbre sobre el manejo de la situación y las posibles repercusiones para la Aduana y el gobierno. Este silencio plantea interrogantes sobre las acciones que tomará el ejecutivo frente a uno de los primeros grandes desafíos a su administración en términos de corrupción.

El caso está siendo investigado por el . Mientras tanto, la opinión pública espera con expectativa las decisiones del gobierno, que podrían incluir desde una suspensión cautelar hasta acciones más severas, dependiendo de los hallazgos de la investigación.

La resolución de este caso no solo determinará el futuro de Lodovico dentro de la Aduana, sino que también servirá como un indicativo del compromiso real del gobierno de Milei con su promesa de erradicar la corrupción en las filas del Estado. La comunidad observa atentamente, esperando señales claras de que no habrá impunidad, ni siquiera entre las filas del propio gobierno.