La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) reveló que “se mantiene la emergencia carcelaria por la sobrepoblación existente en varias cárceles federales y por el alojamiento de personas detenidas en unidades policiales” y consignó al menos 288 denuncias por malos tratos y torturas en el sistema federal.

Según el informe anual 2023, en diciembre pasado 1.824 personas se encontraban alojadas en centros de detención no penitenciarios de Policía de CABA, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Ciudad de Buenos Aires.

“El alojamiento de personas en comisarías conlleva necesariamente un trato indigno e inhumano, y la degradación de la vida de las personas que están allí detenidas. Son espacios que no cuentan con iluminación ni ventilación, carecen de suficientes baños y duchas, y de espacios al aire libre o para la recepción de visitas”, señala el reporte.

“A lo estructural y edilicio, se suma la ausencia de atención médica, educación, trabajo, alimentación suficiente. Y aún más, el personal no está capacitado ni cuenta con la formación requerida para lidiar con las problemáticas cotidianas que ocasiona la custodia de detenidos”, añade.

En cuanto al Sistema Penitenciario Federal, el reporte consigna que “a partir de los constantes monitoreos la PPN ha registrado las deficientes condiciones de detención y el deterioro edilicio que presenta la infraestructura penitenciaria”.

En ese escenario, “las alegaciones por  malos tratos y torturas siguen siendo una práctica que sobrevive a las diferentes gestiones penitenciarias, junto con las muertes en custodia de personas jóvenes por cuestiones de salud o en contextos de violencia”, señala el informe.

“En el transcurso del año 2023 se ha llevado a cabo la investigación de 288 casos de tortura y/o malos tratos en aplicación del Procedimiento de la PPN de investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos. Estos casos involucraron a 227 víctimas, algunas de las cuales fueron agredidas en más de una ocasión”, precisa el documento.

“La mayoría de los casos registraron violencia física, y algunos también implicaron amenazas u hostigamientos. Los lugares donde ocurrieron estas agresiones incluyeron unidades penitenciarias, comisarías, móviles de traslados o vía pública”, agrega.

La PPN realizó a lo largo del año pasado 1.184 visitas a cárceles federales, 649 a establecimientos ubicados en zona metropolitana y 535 a establecimientos del interior del país.

Además, practicó 92 monitoreos y visitas periódicas las comisarías y alcaidías de CABA , 64 a los institutos de menores de la Ciudad y a 305 a establecimientos penitenciarios provinciales y otros centros de detención no penitenciarios en el interior del país donde se encuentran personas detenidas bajo jurisdicción federal.

Los principales reclamos de los 15.241 recibidos se refieren a “problemas de salud y deficiencias en la atención médica, dificultades de acceso a la justicia, reclamos por traslados y cambios de alojamiento, acceso a trabajo y condiciones materiales de encierro”.