El juez federal Sebastián Casanello procesó a un grupo de ex funcionarios y empresarios forestales por la tala ilegal de palo santo y otras maderas protegidas en el norte argentino, para la que se valían del trabajo en condiciones de semi esclavitud de integrantes de comunidades de pueblos originarios.

Casanello halló evidencias de la “acción coordinada entre privados y funcionarios para obtener y utilizar la documentación relativa al desmonte autorizado con el objeto de comercializar e intentar exportar una exorbitante cantidad de madera de ´palo santo´ proveniente de la tala clandestina”.

Para esa tala clandestina, los procesados apelaban a la mano de obra barata de los pueblos originarios, a quienes les pagaban con alimentos, y aparentaban actividades legales cuando en realidad deforestaban “sitios no autorizados por ninguna autoridad gubernamental”.

“El hallazgo de madera sin identificar -no sólo ‘palo santo’ sino también otras especies protegidas- se replicó en varios de los procedimientos ejecutados”, precisó el juez.

Los empresarios gestionaron ante las autoridades salteñas y nacionales autorizaciones para desmontar casi tres mil hectáreas para destinarlas a cultivo y pasturas y utilizar el producto del desmonte, básicamente palo santo, a la exportación.

Pero el desmonte nunca se produjo, según probaron fotografías satelitales e inspecciones en el lugar, pese a lo cual utilizando las autorizaciones legales se intentó exportar palo santo extraído de manera clandestina de un lugar desconocido.

El juez Casanello determinó que hubo “actividad de tala y extracción de palo santo desarrollada en sitios no autorizados, con el fin de proceder a su posterior comercialización en el mercado exterior”.

Por esa razón, dictó los procesamientos de los ex funcionarios Natalia Rangeon, directora de Planificación Territorial de la Secretaría de Ambiente de Salta; Gustavo Paul, secretario de Ambiente de Salta, y Eduardo Alvarez, coordinador de la Dirección Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad del Ministerio de Ambiente de Nación, por “violación de los deberes de funcionario público y contrabando agravado en grado de tentativa”.

A los empresarios Jorge Pocovi, Cristian Gribaudo, Hugo Rolando Girón, Pablo Gabriel Isa,  Claudio Domínguez, Elvio Ciganotto , Zhang Yanchao, Silvana Logiudice, Santiago Piceda, Jorge Luciano Rafart Corveto y Melisa Esperanza Piceda los procesó por el intento del contrabando agravado.

Casanello dejó aclarado que podrían surgir otras figuras penales con el avance de la investigación.

Si bien las operaciones bajo investigación involucraban un total de unos 210 mil dólares, el juez trabó embargos por 430 millones de pesos ante la eventualidad de una condena que ordene “resarcir el daño producido por el delito”.

Además, dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país a todos los imputados, a quienes –no obstante- no les dictó la prisión preventiva.

La causa se inició en marzo de 2014 a raíz de la denuncia del Programa de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Salta sobre supuestas “irregularidades en el aprovechamiento forestal de la especie ‘palo santo’” por parte de la empresa Tierra Vasca SA”.