La investigación que se encaró a partir de la denuncia del Gobierno Nacional tras la primera manifestación el pasado 20 de diciembre tiene a “un puntero” de una organización social individualizado aunque de los 16 mil llamados sólo ocho de esos casos corresponden a la Capital Federal.

La denuncia la hizo el Gobierno tras los miles de llamados que dijo haber recibido a la línea 134 por distintas causas que van desde el corte de calles o bien la extorsión que algunos miembros de organizaciones sociales dijeron haber recibido como extorsión para que asistan a la protesta bajo amenaza de reducirle el monto del plan o quitárselo.

De los casi 16 mil llamados denunciados por el Gobierno Nacional ante la Justicia Federal solo hay 200 casos vinculados a casos de extorsión, y sólo 8 de ellos corresponden a llamados hechos desde la Capital Federal. 

Pero además, en esos llamados en casi todos se da sólo datos indiciarios como ser sobrenombres, números de teléfono pero no la identidad completa de a quienes denuncian. Sólo en uno de esos ocho casos que corresponden al ámbito de la Capital Federal, ámbito de intervención de la justicia federal de Comodoro Py, se da la identidad de un “puntero” que habría extorsionado a militantes a concurrir a la manifestación.

Ahora, el fiscal quien tiene delegada la investigación tal cual lo decidió el juez Sebastián Casanello, pedirá la totalidad de los llamados al Ministerio de Seguridad y el audio de los ocho llamados que hubieron desde la Capital Federal. La idea es que en Comodoro Py sólo se prosiga con aquellos casos de la Ciudad de Buenos Aires y que los demás se investiguen en las jurisdicciones correspondientes. 

En cuanto a la gran cantidad de llamados refieren a que dejaron de pagarles el plan o bien quejas que van por fuera de un delito típico de extorsión.