Con varios cambios en la redacción, el oficialismo firmó hoy dictamen a favor del proyecto de Presupuesto 2023, que llegará al recinto de la Cámara de Diputados el martes próximo al mediodía, y sorpresivamente incluyó un nuevo artículo a través del cual todos los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias.

La sesión fue convocada por el secretario parlamentario, Eduardo Cergnul, para las 12:30 del martes 25 de octubre, y según pudo saber NA, la Coalición Cívica votará en contra.

La propuesta para terminar con el privilegio de miembros del Poder Judicial eximidos del régimen del impuesto a las Ganancias fue acercada por el entrerriano oficialista Marcelo Casaretto, y fue luego confirmada por el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, al comienzo de la reunión de ese cuerpo, que duró cerca de cuatro horas.

Desde el 2017, se incorporaron al régimen de Ganancias todos los integrantes del Poder Judicial nombrados a partir de la sanción de esa ley, pero quedaban afuera todos aquellos que trabajaban con anterioridad.

De esta manera, el nuevo inciso "a" del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, indica que constituyen ganancias de cuarta categoría "las provenientes del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los poderes Ejecutivos y Legislativos. En el caso de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del Ministerio Público de la Nación, la totalidad de sus ingresos se incluirán dentro de los ingresos gravados, independientemente de la fecha de su nombramiento, y por rodos los conceptos que integran sus remuneraciones".

En tanto, el nuevo inciso "c" del mismo artículo, especifica que el impuesto aplica a "las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes, vicepresidentes de la Nación y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Casaretto argumentó que no se trata de una cuestión de "independencia del Poder Judicial", sino de "justicia" para que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley en cuanto al tributo.

"Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, enfatizó el diputado del Frente de Todos.

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La propuesta, que tensiona aún más la tirante relación entre el Gobierno y el Poder Judicial, cosechó el respaldo de algunos diputados de la Unión Cívica Radical.

A propósito de Ganancias, se incluyó también un pedido de que venía realizando Evolución Federal para que se pueda deducir de ese impuesto hasta el 40% de los gastos educativos de una familia. 

Sobre el final de la reunión, Heller comunicó que fue aceptada la propuesta de Juntos por el Cambio para incluir una "cláusula gatillo" que obligue al Poder Ejecutivo a enviar un proyecto de ampliación presupuestaria en el caso de que la inflación supere la pauta proyectada, o que la recaudación sea mayor a la prevista al 31 de agosto del 2023. 

"Si al 31 de agosto de 2023 la tasa de inflación acumulada superara en un 10% la meta anual establecida en la presente ley, o si los ingresos del sector público nacional superaran en un 10% lo previsto para el período acumulado, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria al Congreso para determinar un nuevo cálculo de recursos y créditos de la administración pública nacional y el plan de gastos para el cuarto trimestre”, quedó redactado el artículo.

Además, se indica que "el proyecto deberá enviarse durante el mes de septiembre de 2023 y tratarse en un lapso de 30 días, no pudiendo el Poder Ejecutivo ampliar el Presupuesto por Decreto de Necesidad y Urgencia en ese lapso".

También hubo aumentos de partidas en varios rubros por un total de 320.655 millones de pesos, y se modificó el artículo vinculado a las deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista (CAMMESA) para no afectar los recursos coparticipables a las provincias.

Es muy probable que en el recinto puedan incorporarse más cambios, aunque la mayor parte de las modificaciones ya fueron anunciadas este jueves.

Entre ellas, se estableció un incremento de 1.000 millones de pesos para la Ley de Bosques (pasando de 8.000 millones a 9.000 millones); y de 500 millones para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos (pasando de 500 millones a 1.000 millones).

Uno de los puntos que genera más rispideces tiene que ver con el Fondo de Compensación al Transporte Público Automotor del Interior, por la desigualdad de recursos respecto a lo que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A propósito de esta polémica, el miércoles diputados nacionales de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal montaron una puesta en escena para condicionar el apoyo al proyecto a un aumento de partidas hasta llegar a un total de 113.000 millones de pesos para todo el 2023. Por el momento, el dictamen estableció el aumento que el ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con los gobernadores del Norte Grande para llegar a una suma de 85.000 millones, es decir, por encima de los 60.300 millones previstos originalmente en el proyecto. 

De todos modos, Heller señaló que este será el "piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe, estimulando un sistema de monitoreo permanente para corregir asimetrías preferentemente en base a la asignación de recursos, conforme al método de financiamiento de la demanda de pasajeros".

Otro cambio en el dictamen tiene que ver con la creación de un Consejo Federal para la administración de los subsidios, "con el objeto de evaluar el uso y la aplicación de recursos, como así también la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) como medio de percepción de la tarifa para el acceso a la totalidad de los servicios del transporte público".

El Ministerio de Transporte "será el encargado de reglamentar el funcionamiento del Consejo Federal para la administración, pudiendo incluso prorrogar por única vez y por un plazo máximo de cuatro meses la implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE)".

La otra polémica que se suma a la de los subsidios al transporte tiene que ver con la deuda que las empresas proveedoras de energía y las provincias mantienen con CAMMESA. 

"Las jurisdicciones provinciales resultarán solidariamente responsables en el marco del presente régimen", señala el artículo 90, e indica que "vencido dicho plazo la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, podrá retener de los fondos comprometidos en los convenios de transferencias presupuestarias suscriptos entre cada jurisdicción provincial y cualquier entidad del sector público" la suma que se adeude, aunque con la aclaración de que “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal de recursos fiscales”.

Heller reveló que se seguirá analizando una propuesta para que se establezca "una derivación de un porcentaje de cada pago que cada usuario realice para que automáticamente CAMMESA cobre".

"La idea es no ahogar a nadie pero CAMMESA tiene que cobrar. Estamos tratando de encontrar un mecanismo que, con tiempo, permita que la deuda no siga creciendo; y que se garantice el pago anterior con una unidad de medida que haga que el plazo no deteriore el valor de la acreencia", explicó el economista del Frente de Todos.

El dictamen también plasmó una propuesta para la creación de un régimen de regularización tributaria para las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, incluidos organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, para la condonación de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta el 31 de octubre de 2022, cualquiera sea el estado en que se encuentren.

En otro orden, Heller anunció aumentos de las partidas destinadas a políticas alimentarias por 101.890 millones de pesos; 90.830 millones para prestaciones sociales y asignaciones familiares, 59.542 millones para becas de educación, 31.175 millones para reforzar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, 19.700 millones para al Fondo de Integración Socio-Urbana, 12.969 millones para comedores escolares, 4.149 millones para infraestructura y equipamiento en educación, 400 millones extra para los programas que garantizan derechos de niños y niñas, por $400 millones de pesos; resultando un total de 320.655 millones de pesos en aumentos para estas partidas.

En respuesta a un reclamo del misionero Diego Sartori (Frente de la Concordia-Provincias Unidas), el Frente de Todos se comprometió a incluir durante la sesión un artículo referido a las zonas francas.