El juez federal Sebastián Casanello le pidió información a su colega Marcelo Martínez de Giorgi previo a resolver sobre un planteo de “nulidad” de la prueba principal de la Causa Puf Puf, una supuesta maniobra denunciada por la Coalición Cívica para neutralizar el expediente de los Cuadernos.

Casanello le pidió a Martínez de Giorgi –quien heredó gran parte de las causas por presunto espionaje ilegal que estaban desparramadas en varias jurisdicciones- precisiones sobre las supuestas escuchas ilegales de las conversaciones de exfuncionarios kirchneristas detenidos en la cárcel de Ezeiza.

La transcripción de una de esas escuchas dio origen a la Causa Puf Puf, una onomatopeya pronunciada por el actual diputado Eduardo Valdés en diálogo con el entonces detenido ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi cuando estalló la investigación sobre el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Esas escuchas y sus transcripciones llegaron de manera anónima al fiscal Carlos Stornelli –quien intervenía en la Causa Cuadernos- y a la entonces diputada Elisa Carrió.

Su colega Mariana Zuvic formuló la denuncia argumentando que las escuchas eran legales, puesto que habían sido ordenadas por el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

Sin embargo Villena explicó que él sólo había ordenado interceptar las comunicaciones de un único detenido, Mario Segovia, el “rey de la efedrina”, y que todo el resto de lo captado debía ser destruido.

En abril pasado, el fiscal Franco Picardi consideró que las transcripciones de esas escuchas que excedían al Mario Segovia debían ser declaradas “nulas”, con lo que el expediente se quedaría sin su principal y acaso único elemento de prueba.

Casanello pidió “las resoluciones dictadas en relación con la hipótesis de espionaje ilegal en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza”, que tramita ante el juzgado de Martínez de Giorgi.

LEE: Camino al juicio oral, el juez Ercolini desprocesó a Stornelli en la causa D’Alessio

Además, preguntó “si, en el marco de esta última causa, se encuentra imputado Federico Villena, en razón de su actuación como juez”.

Martínez de Giorgi investiga si las escuchas presuntamente ilegales de los diálogos de los detenidos ex funcionarios en la cárcel de Ezeiza con sus familiares, amigos y abogados, tuvo una suerte de paraguas legal o si –desoyendo una orden de Villena- funcionarios de la AFI excedieron la orden de escuchar sólo a Segovia.

En su dictamen nulificante, el fiscal Picardi le pidió a Casanello “que decrete la nulidad y/o exclusión de las partes correspondientes del requerimiento de instrucción en las que fueron plasmadas las transcripciones telefónicas y todo lo actuado en consecuencia”.

Lo hizo ante sendos planteos de nulidad del ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta –representado por el abogado Alejandro Rúa- y del juez Juan María Ramos Padilla, abogado en causa propia.

Picardi le pidió al juez Sebastián Casanello que “se excluya toda la actividad jurisdiccional vinculada con la incorporación del producido de las intervenciones telefónicas y su posterior transcripción, como así también cualquier otro acto procesal por medio del cual se hayan incorporado o utilizado las grabaciones de las escuchas cuestionadas y sus transcripciones”.