El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de tres funcionarios del PAMI ante las sospechas en la entrega de subsidios por unos 900.000 pesos a locales de La Cámpora o centros de jubilados que no funcionan como tales. 

Se trata de aportes entregados de manera extraordinaria por la pandemia. 

El fiscal pidió las indagatorias de Santiago Paredes Adra, Asesor de la gerencia de promoción social y comunitaria de PAMI; de Osvaldo Leonel Aquino, Gerente de control de gestión social del organismo, y de Esteban Ernesto Leguizamo, Director Ejecutivo de uno de los locales bajo sospecha. 

La denuncia ante la Justicia Federal fue hecha por la unidad fiscal PAMI que dirige Javier Arzubi Calvo. Fueron los diputados Graciela Ocaña y Luis Petri,  quienes la llevaron a manos del fiscal.

La sospecha es que ese monto de dinero fue entregado como “subsidio solidario de sostenimiento” y “apoyo extraordinario” a centros de jubilados y pensionados, fue pese a que los mismos no estarían en funcionamiento. 

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Según la resolución 1472/2020 citada en la denuncia, se creó el subsidio solidario destinado a los centros de jubilados y pensionados y a raíz de la inactividad que generó la situación de pandemia por coronavirus en nuestro país. 

Además, se sospecha que muchos de los locales que recibieron esos subsidios están bajo el poder de La Cámpora y funcionan como tales. 

Según consta en la denuncia y así lo cita el dictamen fiscal, los subsidios fueron entregados a los siguientes centros de jubilados: “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”; “Seguimos Soñando”, “No me olvides”; “Eduardo Galeano”, “Palermo Viajo”, “Honrar la vidad”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas”. 

La sospecha es que de esos centros la mayoría aparece inscripto una vez terminada la crisis fuerte de la pandemia. 

Además, en los formularios de solicitud se detectaron algunas irregularidades como ser que no se especifica la fecha de entrega de los subsidios, o bien la identidad de quienes lo recibieron.