El fiscal Juan Pablo Curi, a cargo de la Fiscalía Federal de Dolores, pidió elevar a juicio oral a cuatro familiares directos de uno de los miembros de la "Banda parapolicial de Aníbal Gordon", en una causa en la que la Unidad de Información Financiera (UIF) es querellante.

La causa se tramita en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y están involucrados cuatro familiares directos de un miembro de la banda de secuestradores que encabezó Aníbal Gordon.

La causa está caratulada como "CASTRO, JUAN ELEODORO Y OTROS s/ IMPOSICIÓN DE TORTURA" y los imputados están acusados de transferir bienes, procedentes de delitos de lesa humanidad, en el mercado legal.

En esta causa se investiga la transferencia, adquisición y administración de bienes inmuebles para aparentar un origen legítimo, por parte de hijos e hijas de Leonardo Save, uno de los integrantes de la denominada "Banda de Aníbal Gordon", la cual funcionaba al servicio de la ex SIDE, bajo las órdenes de Aníbal Gordon, en el Centro Clandestino de Detención y Torturas, conocido como "Automotores Orletti".

La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Carlos Cruz, siguiendo los nuevos lineamientos de política criminal del organismo, se presentó como parte querellante en esta causa, "a la vez que retomó el impulso procesal en causas donde se analiza el lavado de activos en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-económico-militar", se informó de manera oficial.

El fiscal Curi analizó distintas maniobras de compraventa de inmuebles realizadas a través de escrituras públicas, boletos de compra-venta a precios irrisorios y/o actos simulados con la participación de personas y con identidades falsas.

"Esos inmuebles fueron adquiridos en el año 1976 por Leonardo Save, con dinero proveniente de secuestros, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios cometidos por dicha banda en el marco del Terrorismo de Estado", se apuntó.

La prueba recabada a lo largo de la investigación estableció que la compra de las parcelas fue realizada en octubre de 1976 con parte del dinero sustraído de la vivienda de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y víctima de la organización, durante su secuestro.

Así, en base a las pruebas reunidas durante la investigación el Fiscal Curi solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

La apropiación de bienes de las y los detenidos-desaparecidos es considerado un delito de carácter imprescriptible, por lo cual, desde la UIF se solicitó avanzar con las investigaciones del lavado de activos con origen en dichos actos.