Piden condenar a tres años y 9 meses a Romina Picolotti por uso irregular de fondos públicos
El pedido lo hizo el fiscal federal Diego Luciani. Picolotti fue secretaria de Ambiente y Desarrollo durante el kirchnerismo. Se la acusa de hacer gastos personales con dinero público sin justificación alguna. La causa lleva más de 14 años.
El fiscal federal Diego Luciani pidió hoy que la exsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti sea condenada a tres años y nueve meses de prisión por el uso de fondos públicos para gastos personales.
Son gastos que no están justificados durante la gestión que llevó adelante entre 2006 y 2008 en dicha cartera, y que ahora el fiscal reclama que la exfuncionaria pague, además de la condena, unos 6.941.170,25 de pesos.
En su alegato ante el Tribunal, el fiscal tildó de “gastos irracionales, escandalosos y burdos” que no fueron funcionales y por eso es que se cometió el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.
“Fue un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”, criticó la fiscalía.
Ahora el Tribunal Oral Federal 6 escuchará el alegato de la defensa el próximo 15 de septiembre y luego dictará sentencia.
Sobre el perjuicio al Estado Nacional el fiscal reclama que la exfuncionaria pague 6.941.170,25 de pesos en base a un peritaje que determinó el monto de la defraudación, y en caso de no poder pagar esa suma, se le decomise un bien.
Los gastos sin justificación van desde contratación de personal, vuelos privados, la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento o Il Gatto o la compra de una barrita de cereal en un kiosco, todo con dinero público.
También se la acusa por una gran cantidad de vuelos privados que contrató para ella y su familia: si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la Justicia señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires.