Pese al reto de Patricia Bullrich, el Senado dio un paso clave hacia la aprobación de la ley de barrios populares
Un plenario de comisiones dio dictamen favorable. La iniciativa apunta a la regularización dominial, a la instalación de infraestructuras en servicios públicos y prorroga por diez años la suspensión de los desalojos en asentamientos de emergencia.
Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticara públicamente a los diputados nacionales que acompañaron la media sanción de la ley de regularización dominial para la integración socio urbana de barrios populares, incluidos aquellos que pertenecen a su propio espacio político, el Senado dio un paso clave hacia la aprobación definitiva de la iniciativa, al firmar dictamen favorable con el apoyo de todos los bloques.
Ocurrió en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que recibió a la secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Miño, a la subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales de la misma cartera, Fernanda García Monticelli y al padre y referente pastoral de las villas, Gustavo Carrara.
"Hay una situación de pobreza en Argentina, con 5 millones de pobres, casi la mitad son niños, niñas y adolescentes y esta ley permite que nosotros demandemos al Estado una presencia inteligente, que dialogue con la comunidad y, establecer así, una política pública consensuada desde los diferentes espacios", sostuvo el religioso, el primer en tomar la palabra.
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A su turno, Monticelli celebró el respaldo de todas la fuerzas políticas hacia el proyecto que entre otros aspectos prorroga la suspensión por diez años los desalojos en los barrios de emergencia.
En ese sentido, la funcionaria valoró la rapidez con que se pudo avanzar en el Senado, "ya que el próximo 28 de octubre vencen los 4 años (de plazo para la suspensión de desalojos) de esta ley".
"Esta ley nos permitirá seguir trabajando, llegar a más barrios, continuar con la integración sociourbana y poder llevar más servicios", ponderó sobre el proyecto que suma 1200 barrios populares adicionales al registro de la RENABAP.
"Esto permitirá "protegerlos del desalojo, y anotarlos en programas, como por ejemplo, el Mi Pieza, que es una asistencia económica a mujeres para la mejora y/o ampliaciones de viviendas", comentó Monticelli.
En Diputados, la iniciativa quedó aprobada con 227 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Pese a que solamente hubo un voto en contra del PRO, Patricia Bullrich salió con los tapones de punta en su cuenta de Twitter y agitó la interna opositora.
"Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo", escribió.
La crítica de Bullrich llamó la atención porque la ley de integración socio urbana de barrios populares, que con esta reforma amplía su alcance y prorroga la suspensión de desalojos, fue sancionada originalmente durante el Gobierno de Cambiemos en 2018, con el apoyo del Poder Ejecutivo de aquel entonces.
Además, los diputados que responden directamente a la titular del partido amarillo, como Gerardo Milman (su mano derecha), Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado, votaron a favor.
Al momento de la aprobación de la ley original en 2018, durante la gestión de Cambiemos, se llevaban registrados 4.416 barrios, y con esta modificación, si se ratifica en el Senado, se llegará a 5.687 asentamientos populares.
El objetivo de la ley es urbanizar esos barrios, a través de "la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial".
Además, se declara la emergencia socioambiental de los barrios populares con el objeto de agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los distintos programas de urbanización.