El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli manifestó este jueves que la causa por la fallida confección del libro “La década ganada”, por el que irá a juicio oral desde el próximo 13 de junio, “sólo encuentra explicación en que el juez fue Claudio Bonadio”.

“Hubo un proceso de licitación para imprimir hasta cien mil libros vinculados con el Bicentenario. El procedimiento de licitación fue absolutamente regular y participaron varias empresas privadas y también la Casa de la Moneda que fue la que ofertó un precio menor. Incluso se le pidió a Casa de Moneda que bajara ese precio y así lo hizo”, expresó el dirigente del Frente de Todos.

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Parrilli, uno de los hombres de mayor confianza de Cristina Fernández de Kirchner, llegará a juicio imputado por “defraudación en perjuicio de la administración pública” por el proyecto de edición de un libro en el contexto de los festejo por el bicentenario, por el cual el Estado pagó 800 mil pesos pero finalmente desistió de la impresión.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal número siete, el mismo que tiene asignada la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Comenzará el 13 de junio y se realizará mediante el sistema de videoconferencia.

Parrilli –defendido por el ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra- comparecerá junto con otros tres imputados, entre ellos la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura. “Hubo licitación pública -comunicada a todos los sectores empresarios interesados- que fue ganada por un organismo 100% público. Ganó la que ofertó mejor precio. La licitación no fue impugnada por nadie”, explicó el legislador K.

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Sobre por qué no se imprimieron los libros, el senador recordó que “se encargaron los primeros 20 mil  y se pagó el adelanto establecido en el Pliego de Condiciones particulares, que significaba 800 mil pesos. El dinero ingresó por cheque público a la Tesorería de Casa de Moneda”.

“Con posterioridad a ello, se decidió no seguir adelante con la licitación por oportunidad, mérito y conveniencia, que es una facultad de todo gobierno”, remarcó.

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Sobre la calificación legal con la que llegará a juicio, Parrilli explicó que la figura de la administración fraudulenta “requiere causar un perjuicio intencionalmente a los bienes administrados con el fin de obtener un lucro indebido para sí o para un tercero o con el fin de causar daño, lo que obviamente no ocurrió”.

“Se trató de dos organismos públicos, el adelanto de dinero ingresó en una tesorería pública y no hubo ningún desvío a un particular, sea persona o empresa. En definitiva, ese adelanto quedó dentro del Estado”, insistió.

En el juicio, la fiscal será Fabiana León y está previsto que declare un centenar de testigos.

La denuncia fue realizada en 2015 por el entonces titular de la Casa de la Moneda, Marcelo Pose, quien asumió el cargo con la gestión de Cambiemos.