Un grupo de organizaciones no gubernamentales vinculadas con el quehacer judicial rechazaron la postulaciones del juez Ariel Lijo y del jurista Manuel García Mansilla como ministros de la Corte Suprema.

“No cumplen con las condiciones que se requieren para integrar la máxima magistratura de nuestro país”, sostuvieron en un documento dado a conocer este miércoles.

El rechazo fue firmado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA),  el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y La Unión de Usuarios y Consumidores.

Las organizaciones sostuvieron que la Corte debe estar “integrada por personas cuya trayectoria refleje probada idoneidad e independencia, así como un fuerte compromiso con los principios constitucionales y los derechos humanos”.

“Desafortunadamente –contrapusieron-, ni Ariel Lijo ni Manuel García-Mansilla satisfacen ese estándar”.

Sobre Lijo, el documento recordó que “ha sido objeto de graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales han estado vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, a la dilación arbitraria de los tiempos procesales y al enriquecimiento ilícito, así como de una denuncia penal por asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias”.

Lijo no tiene condena alguna en su contra, no obstante el documento advierte que “resulta esencial que ningún halo de sospecha recaiga sobre quienes tendrán a su cargo la decisión de las causas judiciales más importantes de la Argentina”.

En cuanto a García-Mansilla, el texto reconoce que “cuenta con mayores antecedentes académicos”, pero manifiesta que “resultan preocupantes sus visiones sustantivas sobre ciertas temáticas, dado que estas podrían impactar en la adecuada defensa de los derechos humanos y los compromisos internacionales asumidos la Argentina”.

Tras enumerar cuestiones técnicas, el documento subraya que “García-Mansilla también se ha expresado en contra del derecho a interrumpir el embarazo, incluso en casos de abuso sexual, causal prevista en el Código Penal desde 1921”.

“Resulta preocupante que su razonamiento omita por completo considerar los derechos sexuales y reproductivos de las personas gestantes como un valor a tener en cuenta en la discusión”, insistieron.

Además de los cuestionamientos individuales, las ONG’s  consideraron “preocupante la baja representatividad de los diversos sectores de la sociedad en la Corte Suprema”, en especial “la nula diversidad de género en su potencial composición”.