Esta semana, la diputada nacional Graciela Ocaña hizo conocer una denuncia contra los directivos del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) ante la Procuración General de la Nación por un presunto caso de desvío de fondos en el organismo.

Según la presentación, se habrían destinado 20 millones de pesos a la creación de centros para jubilados que nunca funcionaron.

“Constituyeron dos centros de jubilados fantasmas en el momento en el que los centros de jubilados estaban cerrados por disposiciones del Gobierno Nacional (por la pandemia).

Se enviaron 20 millones de pesos y las personas encargadas de autorizar los cheques son dos empleados del municipio de Hurlingham”, dijo la legisladora de Juntos por el Cambio en diálogo con la AM 550.

Es que la mayor apuntada no es la titular del PAMI, Luana Volnovich, sino que el subdirector del organismo, Martín Rodríguez, (a quien le delegaron la tarea, según la diputada) y el intendente de la localidad bonaerense de Hurlingham, Daniel Scelci (asumió de forma interina en 2021 en reemplazo de Juan Zabaleta, actual ministro de Desarrollo Social de la Nación), a cuyo municipio se le atribuyen el destino de los “centros de jubilados fantasmas”.

Para Ocaña, que fue -paradójicamente- directora del PAMI durante el gobierno de Néstor Kirchner, el trasfondo está asociado a intereses electorales de La Cámpora (Volnovich, Rodríguez y Scelci pertenecen a esa agrupación) a la espera de los comicios del 2023.

“Martín Rodríguez aspira a suceder al intendente y eso se relaciona con utilizar los fondos del PAMI para la política”. Además, añadió: “Las plazas PAMI de Morón cuestan la mitad que las de Hurlingham”.

La denuncia, dada a conocer el programa de TV “Periodismo para todos”, de Jorge Lanata, precisa que supuestamente desde la actual administración del PAMI se desviaron fondos para la construcción del centro “Güemes”, el cual recibió un total de $13.123.500 pesos, y el centro “San Javier”, beneficiado con $5.623.000. Ambos, según Ocaña, no funcionan. “Rodríguez dice que los centros existen, y podemos ver que no es así”, manifestó.

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En manos ahora del titular de la UFI PAMI (Javier Arzúa), la acusación de la diputada de Juntos por el Cambio también involucra a los "llamadores". 

Durante la pandemia de COVID -19, estas personas fueron contratadas por el PAMI con el objetivo de que se comunicaran con los jubilados y pensionados para cubrir las necesidades que pudieran presentar ante las restricciones en la circulación y presencialidad.

LA RESPUESTA DE RODRÍGUEZ

Martín Rodríguez optó por defenderse a través de su cuenta de Twitter y calificó la denuncia de Ocaña como una “fake news de poca monta”.

En ese sentido, explicó mediante una seri de twits que en antes de su gestión Hurlingham “tenía la peor auditoría de PAMI de toda la provincia” y que hasta hace dos años el único centro médico que atendía afiliados de PAMI en el municipio era la la Clínica “Camino al Cielo”, que tenía un puntaje de 2,6 sobre 10 (el más bajo de la provincia).

“En abril de 2020, en plena cuarentena, hicimos lo que nadie había hecho: RESCINDIR el contrato con ese lugar. ¡No tenían ni gas ni agua caliente! Imagínense el resto”, escribió Rodríguez. Y continuó: “Esa anomalía provocó que hubiera que reorganizar, de un momento a otro, la atención, los turnos y el seguimiento de 30 mil personas mayores encerrados en sus casas y sin vacuna. Y todo de manera VIRTUAL”.

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Luego, explicó cual fue el procedimiento siguiente: “Por eso hicimos convenios con centros de jubilados: para el seguimiento telefónico y cotidiano de esos afiliados que quedaron sin lugar donde atenerse en la ciudad”. Y concluyó: “Los problemas específicos requieren de soluciones específicas y sí, de recursos específicos. Y así seguirá hasta que terminemos de construir, el año que viene, la nueva clínica de PAMI en Hurlingham”.