La Cámara Federal de Casación dio un nuevo paso hacia la declaración de “prescripción” por el paso del tiempo de la causa en la que la dirigente social jujeña Milagro Sala está acusada por un “escrache” al hoy gobernador de la provincia norteña, Gerardo Morales.

El máximo tribunal penal, que a principios de agosto anuló la condena contra Sala por aquel episodio ocurrido en 2009, determinó la suspensión de todos los incidentes y apelaciones hasta tanto el tribunal oral federal de Jujuy determine si la acción penal está prescripta.

“Corresponde suspender el trámite del recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Milagro Amalia Ángela Sala a resultas de la decisión que se dicte respecto de la prescripción de la acción penal en el tribunal de origen”, dispusieron los jueces Ángela Ledesma, Liliana Catucci y Javier Carbajo.

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El 5 de agosto pasado, ese mismo tribunal, por mayoría, había anulado la condena a tres años y medio de prisión de cumplimiento efectivo contra Sala y también las de otros dos integrantes de la organización social Túpac Amaru,  Ramón Salvatierra y Graciela López.

“Debe recordarse que la prescripción de la acción penal tiene carácter de orden público y que se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente”, añadieron los jueces.

La decisión del máximo tribunal penal pone en suspenso todos los recursos que estaban pendientes en ese expediente, entre ellos un planteo del propio Morales, quien había pedido que la condena contra Sala fuera elevada a siete años de cárcel.

Milagro Sala está detenida desde principios de 2016 y sólo tiene una condena firme que está excedida, por el tiempo que lleva presa, en el cumplimiento de la pena. Se encuentra en prisión domiciliaria sólo por una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de un reclamo internacional por su situación judicial, que ella califica como “persecución”.

El Tribunal Oral Federal de Jujuy debe resolver, tal como se lo ordenó la Casación, si la causa está prescripta y esa decisión es nuevamente revisable por el máximo tribunal penal del país.