La Oficina Anticorrupción (OA) amplió la denuncia contra funcionarios del gobierno de Cambiemos, tanto a nivel nacional como de la Capital Federal, por la transferencia de bienes, en este caso en el marco de las obras de construcción del denominado Paseo del Bajo.

Según la ampliación de denuncia, el ex presidente Mauricio Macri y los ex funcionarios Guillermo Dietrich, Ramón Lanús, Pedro Comín Villanueva y Ramón García Llorente “habrían consumado en calidad de autores los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración infiel del patrimonio del Estado Nacional”. Dietrich fue ministro de Transportes; Lanús y Comín Villanueva, presidente y vice de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); Llorente, Director Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios de la AABE.

Además, también fueron imputados el ministro de Economía y Finanzas porteño,  Martín Mura; el de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, y la Secretaria Legal y Técnica local, María Leticia Montiel, como presuntos “partícipes necesarios del delito de defraudación”.

La investigación les reprocha que “habrían perjudicado los intereses del Estado Nacional mediante la imposición de obligaciones abusivas que favorecieron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. El Estado Nacional, de acuerdo con la descripción del informe, cedió 12 inmuebles a la Ciudad, como contrapartida de un préstamo de la Corporación Andina de Comercio (CAF), que financió las obras del Paseo del Bajo.

Lo que se cuestiona es la modalidad en que se produjeron las transferencias, la falta de cotización de los inmuebles, la inobservancia de los procedimientos administrativos y, especialmente, un perjuicio económico de casi 12 millones de dólares.

“El perjuicio patrimonial infligido al Estado Nacional habría superó los USD 11.917.151,16, suma que habría sido transferida arbitrariamente por encima de lo debido al GCBA, a la que debería adicionarse el valor de los 628,91 m2 que también habrían sido transferidos gratuita e incausadamente; y el monto del perjuicio financiero que se habría producido por el pago anticipado de una obligación que el GCBA puede cancelar hasta el 30 de enero de 2031”, explica el documento.

“De las pruebas recabadas en esta investigación, surge que dicha transferencia solo se podría haber concretado mediante el dictado en forma coordinada y concatenada de diversos actos jurídicos (Decreto del ex Presidente de la Nación, Resoluciones del ex Ministro de Transporte de la Nación y de las ex autoridades de la AABE) y la omisión de otros (ausencia de dictámenes de valuación, de actos de áreas técnicas, jurídicas)”, precisa el documento.

El informe de la OA describe que “sólo tres días (entre el 20 y el 23 de noviembre de 2018) le tomó al ex Ministro Dietrich y a Martín Mura, determinar que el presupuesto asignado para la obra del Paseo del Bajo para el ejercicio 2019 resultaba insuficiente y firmar en consecuencia el Convenio Marco por el que el GCBA asumía parte de la deuda que correspondía al Estado Nacional,  transfiriendo éste como contraprestación 12 inmuebles de su patrimonio”.

Esas transferencias se concretaron “sin que existiera una motivación técnica que sustentara la selección de los 12 inmuebles elegidos por la AABE para transferir al GCBA como contraprestación”. Más aún, “las resoluciones de desafectación de nueve de los inmuebles resultó posterior al Decreto que autorizaba su transferencia al GCBA” y la autorización “se consumó cuando la mayoría de dichos inmuebles no habían sido desafectados de su uso y en consecuencia no podían ser dados en pago”.

“Macri habría autorizado la transferencia de dichos inmuebles sin que se verificara o conociera si nueve de ellos estaban siendo utilizados por alguna repartición del Estado Nacional (de hecho algunos estaban alquilados y otros concesionados), o si algún organismo estatal tenía intención de utilizarlos en el futuro”, resume el texto.