La cuestión de la inseguridad ciudadana y los flujos de dinero que movilizan las actividades del crimen organizado y amenazan las democracias latinoamericanas que se encuentran al sur del río Bravo fue uno de los temas analizados en la reunión bilateral entre el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el argentino, Javier Milei en el encuentro que sostuvieron en Buenos Aires, en la Casa Rosada, el miércoles 14 de febrero. 

La administración de Javier Milei tomó nota del acercamiento entre los gobiernos del joven presidente de Paraguay, Santiago Peña, de 45 años y del veterano mandatario brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, de 78 años de edad. 

A pesar de sostener ideas políticas diferentes, Peña es un político liberal en las filas del tradicional partido colorado y Lula da Silva es reconocido por ser uno de los creadores del Foro de San Pablo de tendencia socialista, coincidieron en la necesidad de unir recursos militares para luchar contra el crimen organizado y, dentro de esa categoría amplia de hechos ilícitos, contra el narcotráfico. 

Peña comentó al presidente argentino que recientemente se realizó un operativo conjunto de los dos ejércitos que incluyó la movilización de tropas en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú de Paraguay; y Paraná y Mato Grosso del Sur en Brasil, en la lucha contra el crimen organizado. 

Recientemente, el ministro de Defensa paraguayo el General (R) Oscar González realizó una conferencia de prensa en la que repasó el resultado de la operación Basalto I 2024 que terminó con la incautación drogas y recursos de clanes del narcotráfico por un valor cercano a los 19 millones de dólares. 

Mato Groso y Alto Paraná son zonas de alta conflictividad criminal donde se lograron incautar más de 100 armas de fuego, 102.688 municiones faltantes detectadas y siete empresas de seguridad que estaban operando irregularmente.  

El golpe a los clanes del narcotráfico implicó hallar 630.303 kilogramos de marihuana, en 33 campamentos narcos que fueron destruidos y donde se apresaron 28 personas. 

El ministro González aseguró que la unión de los ejércitos de Brasil y Paraguay para luchar contra el crimen organizado no será por única vez, sino que “... las operaciones continuarán en toda la zona. Se tuvo un resultado positivo en un operativo coordinado y conjunto; coordinado con las tropas de Brasil y conjunto porque se hizo no solamente con las ramas del ejército, sino que también con operativos de la Policía Nacional y otras instituciones del estado. Este será el primero de varios operativos similares que se vendrán”. 

Noticias Argentinas había advertido la difícil situación que está viviendo Paraguay con respecto al accionar de los cárteles del narcotráfico que sólo pudo ser disimulado por la irrupción de la violencia que se vive en Ecuador por los clanes de narcotraficantes.

En la actualidad, la nación gobernada por el dirigente del Partido Colorado, Santiago Peña, recibió una muy mala calificación en el Índice Global de Crimen Organizado Trasnacional, que la ubicó en el cuarto lugar en un ranking mundial de crimen organizado que lideran: Birmania, Colombia y México. 

La posición geográfica de Paraguay tornó apetecible a la dirección del crimen organizado para establecerse en la tierra guaraní y, desde allí, exportar y contrabandear a terceras naciones. 

Ubicado entre Brasil y Argentina, los dos países sudamericanos con mayor consumo de drogas, y vecino de uno de los centros de producción de narcóticos de mayor crecimiento en el subcontinente americano, Bolivia, los capos del crimen organizado decidieron asentarse y tomar el control en Paraguay, beneficiados, además, por la corrupción registrada en todos los estamentos del poder que Santiago Peña deberá combatir. 

En este contexto de “fronteras calientes”, la Argentina gobernada por Javier Milei, continúa analizando el involucramiento de sus fuerzas militares en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. 

Esta pandemia de inseguridad ciudadana en muchos países latinoamericanos ha llevado en los últimos días a que los ministros del presidente, Javier Milei, evalúen realizar cambios en la legislación vigente para poder involucrar a los efectivos de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, cuyas prácticas suelen ir de la mano, como se ha visto con la explosión de coches bombas en las calles de Quito, Ecuador. 

Para el ministro de Defensa, Luis Petri, sólo se necesitaría cambiar un decreto presidencial por otro del actual mandatario.  

Petri señaló la necesidad de modificar el decreto reglamentario de la Ley de Defensa Nacional y señaló públicamente “… modificar el decreto, no ya la Ley de Defensa, el decreto que reglamenta la Ley de Defensa para ampliar las capacidades militares, para que nuestras fuerzas armadas, por ejemplo, puedan actuar no solamente ante agresiones externas de otro Estado, ante agresiones convencionales, sino también que puedan actuar ante agresiones externas provengan o no provengan de otro Estado. Por ejemplo, agresiones terroristas, algo que en el mundo ya no se discute, los vemos en Israel, el 8 de octubre el Estado de Israel sufrió un brutal atentado por parte de HAMÁS e inmediatamente intervinieron sus Fuerzas Armadas”. 

Caída la denominada “ley ómnibus” de la administración nacional, en el ministerio de Defensa, aseguraron a NA que están trabajando en un proyecto de ley que permita ampliar las tareas de los efectivos militares además de recomendar al presidente la revisión del decreto reglamentario de la Ley de Defensa nacional.