La líder de la agrupación social jujeña Milagro Sala le pidió a la Justicia Electoral que “haga cesar y se impida en adelante, todo acto de difusión, publicidad y/o comunicación por cualquier medio que, con fines electorales, en el marco de la actual campaña a presidente” por parte de los candidatos de Juntos por el Cambio.

La medida apunta a “los precandidatos a Presidente y Vicepresidente de la Nación de la Coalición Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, quienes en ese rol realizaron declaraciones y anuncios públicos de campaña que me afectan gravemente ya que constituyen actos de humillación pública”, sostiene la presentación.

Tras denunciar “clara persecución política”, Milagro Sala advirtió:  “el peligro inminente que sufro es que el electorado de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales se sientan alentados a ejercer directamente violencia en mi contra”.

“A través de los medios de comunicación, las redes sociales, los espacios publicitarios de campaña electoral, ponen en peligro mi integridad física cada vez que afirman que estoy liderando acciones en la provincia de Jujuy, habilitando allanamientos en mi lugar de detención”, insistió.

Sala -patrocinada por los abogados Luis Duacastella Arbizu, Verónica Heredia y María Florencia Piermarini-  enumeró declaraciones públicas y en redes sociales de los candidatos opositores e incluyó capturas de pantalla de varias de ellas.

“Aumentan el padecer psicológico que sufro por haber perdido a mi hijo hace pocos meses y acompañar a mi esposo en su agonía, al responsabilizarme de hechos de los que soy ajena pero que, sin duda, lastiman al pueblo de Jujuy; recrudecen mi condición de privada de la libertad al pretender que no ejerza ninguno de mis derechos fundamentales de las que soy titular y que no he perdido, buscando acallar totalmente mi voz”, subrayó la dirigente social detenida desde principios de 2016.

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Sala recordó un episodio que ocurrió en el contexto de las protestas contra la reforma de la Constitución jujeña: “Primero, vinieron los jueces a mi casa a controlar si yo estaba, luego vinieron decenas de policías, ingresaron violentamente, se llevaron pertenencias personales, ¿quiénes vendrán después?”.

“Los actos de violencia de los que soy víctima han sido receptados por organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, pero hoy, en el marco de las elecciones presidenciales, se han profundizado”, abundó.

La presentación fue formulada ante la jueza electoral María Servini y quedó registrada como “proceso genérico” bajo el número 6911/2023.

“Recurro ante la señora jueza con competencia en el ámbito electoral a fin de que ordene a los demandados cesen los actos denunciados. (…)  Soy una mujer, indígena, privada de mi libertad, enferma”, reiteró.

“El modo en que los requeridos utilizan mi situación judicial para su beneficio electoral, nos lleva nuevamente al Siglo XVIII, transformando la pena en un castigo ejemplar por la desobediencia al rey o emperador, quien elige de forma arbitraria cómo aplicarla, haciendo pública su ejecución, no ya en la plaza sino en los medios de difusión y redes sociales, instando al pueblo a disfrutar de ello”, resumió la presentación.