Hasta las 18 será la hora límite que esperará la Unidad Piquetera para recibir el llamado desde el Ministerio de Desarrollo Social. Si eso no ocurre, se votará en asamblea la continuidad del acampe, que desde este martes fue montado frente al edificio de la avenida 9 de julio. Pese a esa posibilidad, fuentes de la cartera que dirige Juan Zabaleta afirman que “por ahora” las partes están lejos de llegar a una cumbre que pacifique la situación.

Mientras en la calzada del Metrobús lucen aún las carpas de los movimientos sociales que pasaron la noche, desde el Ministerio de Desarrollo Social ven difícil llegar a un acuerdo en medio de una movilización. Esto se debe a que creen que la última medida de fuerza de los piqueteros troskistas se hizo de forma intempestiva, teniendo en cuenta que el viernes pasado hubo una “reunión técnica” con la Unidad Piquetera “de la que participó Zabaleta”.

“Monitoreamos el avance de los trámites para la financiación de máquinas y herramientas para producir. Había algunas demoras en la presentación de documentación por parte de las organizaciones y, también por los tiempos de la tramitación, les ofrecimos acelerar los procedimientos para concretar la entrega en 15 días”, aseguró la misma fuente.

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Las organizaciones sociales, sin embargo, “volvieron a reclamar nuevas altas de planes sociales”, expresaron. En especial del Potenciar Trabajo, un deseo que choca directamente con el plan de auditoria y ajuste sobre las ayudas sociales que lidera el Ministerio de Economía de Sergio Massa. “En ese marco, lanzaron igual una protesta”, cuestionan desde la cartera social, que remarcan que “Zabaleta se reunió 10 veces en un año de gestión”.

Fuentes del frente piquetero que lideran el Polo Obrero, Barrios de Pie y el MST Teresa Vive, por el otro lado, ya le había anticipado a NA la semana pasada que el plan de lucha podría llegar a abarcar “hasta tres días”. A la exigencia de “trabajo genuino”, los reclamos se centran también en el aumento de los planes, hoy cerrados por decisión del Gobierno, y la entrega de alimentos a los comedores barriales para costear la inflación y la pérdida del poder adquisitivo entre los sectores populares.

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Los movimientos sociales no alineados al gobierno de Alberto Fernández, en paralelo, se sienten cada vez más desplazados del Potenciar Trabajo, cuya administración depende directamente del Movimiento Evita, brazo social del oficialismo. A principios de septiembre, el Ejecutivo desvinculó a 40 mil beneficiarios que también cobraban Becas Progresar, una decisión que en la Unidad Piquetera ven como una nueva traba para los jóvenes de los sectores más marginados.

Tras semanas en donde su agenda se vio relegada, los movimientos sociales troskistas volvieron a recuperar la centralidad de la agenda política con un acampe, medida que cada vez repiten con mayor asiduidad. Por el momento, desde el Ministerio de Desarrollo Social miran de reojo la situación a la espera de la votación sobre la continuidad de la medida de fuerza y se niegan a dar el brazo a torcer ante los reclamos.